Urbanismo preventivo
Ca n’anglada Terrassa Los lamentables incidentes racistas aceleraron la actuación de mejora en el barrio
Ca n’anglada de Terrassa es un barrio de origen humilde y trabajador formado por vecinos procedentes, principalmente, de dos oleadas migratorias: la del sur de España de las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo pasado y la magrebí de finales de los ochenta. Las viviendas, bloques de pisos en su mayoría y muchas de protección oficial, también se construyeron hace más de medio siglo según un diseño compacto y denso. En 1999, la población inmigrada no llegaba al 3% en Terrassa y en Ca n’anglada era del 5%. Hoy, el porcentaje de personas del barrio nacidas en el extranjero es del 34,2%.
En julio de 1999, los vecinos de origen magrebí vivieron unos lamentables incidentes racistas, con agresiones de neonazis incluidas, que alteraron la paz de Terrassa. Pero los sucesos tuvieron consecuencias durante años. El gobierno del entonces alcalde socialista Manuel Royes (y presidente de la Diputación) decidió importar el modelo de Barcelona para el Raval y creó el organismo Societat Municipal de Ca n’anglada, que aplicó programas sociales preventivos. Después, proyectó el plan de esponjamiento en el norte de Ca n’anglada, con un presupuesto de 17 millones de euros, repartidos al 50% entre el Consistorio y la Generalitat.
“El objetivo era hacer demoliciones controladas de nueve edificios con 184 viviendas y el realojo de un centenar de familias, para esponjar el barrio y ganar espacios libres y equipamientos. Pero en ningún caso porque hubiese problemas estructurales en los edificios. Son viejos, pero durante la burbuja inmobiliaria algunos se vendían por 200.000 euros”, subraya Lluïsa Melgares, teniente de alcalde de Territorio y Vivienda. Desde el 2014, cuando empezó el plan, se han derrumbado cinco edificios y ahora queda demoler los bloques del pasaje Concòrdia 1 y 3, a finales de año. En el 2020 se expropiarán dos más de Constància y Previsió y en el 2021 acabará la obra. “A diferencia de lo ocurrido en Badalona, creo que lo aplicado en Ca n’anglada es un ejemplo de buenas prácticas, con un trabajo social impecable por parte de la administración. Se ha tratado personalmente cada caso –propietarios con hipotecas, inquilinos, ocupas…–, colaborado con las entidades de la zona y apostado por una oficina en el barrio para facilitar gestiones”, detalla. Melgares insiste en que “el deber de la administración es sancionar a los propietarios que hacen una mala gestión de la vivienda. Pero la primera responsabilidad de mantener su piso en buen estado es del dueño”.