La evaporación del reformismo
Una de las víctimas colaterales del protagonismo absoluto de la cuestión catalana en la política española es la evaporación del empuje reformista de hace cinco o seis años. Lo hemos visto durante la campaña electoral, en la que las referencias a la regeneración política y económica han brillado por su ausencia, pero es un hecho que viene de antes. Fuera de Catalunya, el procés ha empujado a los partidos a cerrar filas y ha diluido la presión que había para renovar el sistema político, para modernizar la economía y para adaptar el país a las necesidades de la globalización.
Ante el objetivo épico de hacer frente al independentismo, las aspiraciones más prosaicas de mejorar la educación, de conseguir que la justicia funcione con más agilidad, de combatir la precariedad laboral, de asegurar el futuro de las pensiones o de luchar contra el fraude fiscal han pasado a un segundo o tercer plano. ¿Quién se acuerda de las propuestas para mejorar el funcionamiento de los partidos políticos? ¿Dónde quedan todos aquellos debates sobre las listas electorales abiertas, sobre el papel del Senado o sobre la posibilidad de suprimir las diputaciones provinciales? ¿Y los proyectos para reformar la administración pública o para reforzar la independencia de los órganos reguladores, tan necesarios para evitar manejos propios de una economía de amiguetes? Todo aquel impulso reformista era en parte resultado de la crisis económica. La explosión de la burbuja inmobiliaria puso en evidencia los límites y los riesgos de un modelo de crecimiento que muchos consideraban caduco e hizo visible un conjunto de disfunciones que frenaban nuestra economía y que dificultaban el mantenimiento del Estado de bienestar. La economía española había estado creciendo a un ritmo superior al del resto de la eurozona, pero esto era en gran parte por la inmigración y no había ido acompañado por un aumento de la productividad. El sistema educativo, con más énfasis en la retención de datos que en su interpretación y análisis, muy deficiente en el aprendizaje de idiomas, era un lastre de cara al futuro. La tacañería a la hora de destinar recursos a la investigación, también. El mal funcionamiento de un sistema judicial incomprensiblemente lento restaba seguridad jurídica.
Todo ello socavaba la competitividad de muchas empresas. El fraude fiscal hacía que la presión impositiva sobre las clases medias fuera vista como una injusticia. En los círculos políticos e intelectuales, crecía la sensación de que era preciso arremangarse y hacer reformas profundas. La emergencia de nuevos partidos y la erosión de los que habían dominado la escena política durante los últimos treinta años eran las mejores pruebas de la necesidad de cambio.
Pero el procés comenzó a absorber todas las energías: para unos, en Catalunya, porque el ideal de la independencia privaba de atractivo al camino siempre gradual y difícil del reformismo. Para otros, en el resto de España, porque la urgencia de aglutinar fuerzas para frenar el independentismo relegaba todos los demás objetivos a un segundo plano. Una modesta recuperación económica terminó de arrinconar los proyectos de reforma. Si estábamos volviendo a crear puestos de trabajo y crecíamos más que nuestros vecinos europeos, ¿qué necesidad había de introducir cambios?
De todas aquellas aspiraciones reformistas sólo quedó la preocupación por la corrupción, pero las medidas concretas para combatirla también han estado condicionadas por el monotema catalán. Los partidos más afectados han podido escudarse tras el argumento de que criticarlos por los escándalos de financiación ilegal y por el enriquecimiento delictivo de algunos dirigentes era una manera de debilitarlos en un momento en que necesitaban todas las fuerzas para salvar la patria. El resultado es que incluso la presión para frenar la corrupción, que ocupa el segundo o tercer lugar entre las preocupaciones de los ciudadanos, se ha debilitado.
Supongo que los programas de los partidos para estas elecciones contienen propuestas sobre todos estos asuntos, pero en política cuando se habla de una cosa no se puede hablar de otra, y Catalunya ha ocupado todo el espacio disponible. Esta evaporación de los buenos propósitos reformistas no sólo nos puede hacer perder el tren de la globalización. Además, hace que el atractivo de España para Catalunya disminuya. Es un pez que se muerde la cola. El independentismo dificulta el acuerdo sobre un proyecto modernizador para toda España, y la falta de un proyecto modernizador para toda España refuerza al independentismo.
¿Dónde ha ido a parar aquel impulso reformista? ¿A la extrema derecha, a lomos de la frustración, a la vista de la incapacidad de los partidos de traducirlo en medidas concretas y de la ola de nacionalismo desatada por el independentismo catalán? Con el mapa político que ha salido de las elecciones, es muy iluso esperar que el nuevo gobierno, si los partidos consiguen ponerse de acuerdo, no sólo intente encauzar la cuestión catalana en unos términos aceptables para la mayoría a un lado y al otro del Ebro –esta debería ser la tarea prioritaria–, sino que también se proponga rescatar aquellos proyectos para modernizar la economía, revitalizar el sistema político y dar nuevo aliento a un proyecto atractivo para todos.
Hay mucho trabajo por hacer: la educación, la justicia, el marco laboral, el sistema de pensiones, el estatuto de los partidos políticos... Pero los resultados electorales no permiten albergar muchas esperanzas. La cuestión catalana continuará acaparando las energías y, por lo visto en la campaña, no creo que sea con un espíritu dialogante y constructivo. Tal vez un día acabaremos haciendo lo que hay que hacer, pero me temo que antes agotaremos todas las demás posibilidades.
El ‘procés’ ha diluido los proyectos para modernizar la economía y revitalizar el sistema político español