Hechos y no sólo palabras
Hoy nadie sensato discute los riesgos medioambientales y existe una creciente preocupación, que se ha convertido en una exigencia social, para que se proteja el entorno natural. Por tanto, los presupuestos públicos y las acciones gubernamentales deberían atender esta realidad de forma decidida, nítida y eficiente. Entre estas acciones, se encuentran las políticas impositivas, que constituyen un instrumento más para desincentivar aquellas actividades nocivas para el medio ambiente y fomentar una cultura, tanto en empresas como en particulares, que sea respetuosa con nuestro entorno; aunque no cabe duda de que estas políticas ganarían en efectividad si se hicieran, como mínimo, de forma coordinada en el marco de la Unión Europea y atendiendo a la realidad económica, a corto, medio y largo plazo.
A este respecto, nos llama la atención que, en la mayoría de los países, la presión fiscal medioambiental sea relativamente baja si se compara con el conjunto de ingresos tributarios, lo cual contrasta con la creciente importancia de este campo y la concienciación que existe al respecto.
En España, los impuestos ambientales se encuentran en esta misma línea, con la particularidad de que, en nuestro caso, aunque existen multitud de impuestos presuntamente verdes, más del 60% de la recaudación de este tipo se consigue a través del impuesto sobre hidrocarburos. En este sentido, no estaría de más hacer una taxonomía de los impuestos medioambientales, al objeto de discernir entre aquellos que verdaderamente lo son y los que no lo son.
Por otra parte, el hecho de tener tres niveles de administración distintos –con mecanismos de coordinación mejorables– conlleva a que cada uno de ellos se encargue de recaudar sus propios impuestos ambientales, con la peculiaridad de que, en muchos de estos impuestos, cada territorio regula de forma diferente los mismos objetos imponibles.
A la vista de los últimos datos disponibles, la recaudación en España por impuestos medioambientales sobre el total de ingresos tributarios fue del 5,4% en el 2017, mientras que la media de la UE fue del 6,1%, aunque países como Alemania o Francia tuvieron una ratio peor que la nuestra, del 4,6% y 5%, respectivamente. Por tanto, como la recaudación obtenida por este tipo de impuestos carece del peso específico que debería tener, podría haber margen suficiente para avanzar en un marco común y sentar las reglas de juego de una política coordinada que dé respuesta al necesario debate acerca de cómo ha de configurarse esta fiscalidad.
En resumen, sobran palabras y faltan hechos. Es necesario reorganizar de una vez por todas la fiscalidad medioambiental territorial y estatal para que todas las administraciones públicas vayan al unísono y en una misma dirección, y que el fin último no sea únicamente la obtención de una mayor recaudación sino, fundamentalmente, desincentivar las conductas lesivas para el entorno natural por parte de todos los agentes económicos.
España recauda con impuestos ambientales sólo un 5,4% del total