Misión: salvar 10.000 empleos
El Gobierno italiano intenta convencer a Arcelormittal de que no se retire del acuerdo de compra de Ilva
En el deprimido sur de Italia, la fábrica del grupo siderúrgico Ilva es un respiro. Allí, en la ciudad de Tarento, en Apulia, la empresa tiene su mayor planta en Europa, donde en sus buenos tiempos producía más de diez millones de toneladas de acero cada año. Pero después de una serie de escándalos por sus altos niveles de contaminación, Ilva entró en administración concursal supervisada por el Estado en el 2015. Era muy difícil que los partidos italianos quisiesen dejar de lado ese trozo del pastel: Ilva emplea a 10.700 personas, 8.200 de ellas en Tarento.
Después de meses de negociaciones, el gigante siderúrgico Arcelormittal aceptó en el 2017 comprar Ilva por 1.800 millones de euros. También aceptó invertir 1.200 millones hasta el 2023 para mejorar sus condiciones sanitarias y 1.300 millones para incrementar la producción en Tarento de seis a ocho millones de toneladas. Desde noviembre del 2018 gestiona la planta en régimen de alquiler y el acuerdo de adquisición se habría hecho efectivo a partir de mayo del 2021.
Pero parece que todo se puede complicar. Esta semana Arcelor Mittal ha anunciado que se quiere retira del acuerdo de compra, poniendo en juego los más de 10.000 empleos, y ha solicitado a los administradores concursales que se hagan cargo de ella en el plazo de un mes. El Gobierno italiano de Giuseppe Conte está desviviéndose para convencerles de que no lo hagan, sabiendo que el caso de Ilva es ya un terremoto social gracias a la presión de la oposición. Al fin y al cabo, la planta de Ilva es una estructura vital para la ciudad de Tarento, con una tasa de desempleo juvenil del 56,2%.
La razón que ha dado Arcelormittal es que no puede cumplir los compromisos contractuales después de que el Parlamento haya eliminado “la protección legal necesaria para que la compañía implemente su plan ambiental sin riesgo de responsabilidad penal”.
Y es que los altos niveles de dioxina que emite la fábrica, mucho mayores de lo permitido –entre sus trabajadores hay un 500% más de casos de cáncer respecto a la media italiana–, hacen que buena parte de los habitantes de Tarento quieran que se cierre. “Los estudios que ha encargado el Ministerio de Sanidad son insoportables, sobre todo para los niños que viven cerca. Uno dice que provoca un 54% de incidencia de tumores entre los 0 y los 14 años sobre la media regional, otro que haya un 21% más de mortalidad en el primer año de vida, o que hay un 45% más de probabilidades de que el feto enferme durante el embarazo”, cuenta Massimo Castellana, portavoz de Genitori Tarantini, una asociación que pugna por que se termine inmediatamente con la producción en los altos hornos. “En el 2015 las autoridades de Génova decidieron que esta producción era incompatible con la vida y la llevaron a Tarento. No entendemos por qué tratan a las ciudades de manera diferente”, protesta.
El Movimiento 5 Estrellas (M5E), un partido nacido con la bandera de defender a los ciudadanos de los vicios de la política, siempre ha batallado por la ecología, y un grupo de miembros de sus filas han defendido públicamente que se limite la exoneración de responsabilidad que instituyó el Gobierno en el 2015, entonces liderado por Matteo Renzi, para intentar salvar Ilva. La medida tenía el propósito de proteger penalmente a los gestores hasta que redujeran los niveles de contaminación de la planta, sin interrumpir su actividad, para que los administradores concursales que la gestionaban convencieran a un inversor privado de que comprara la instalación. El M5E quiere que se cierre la planta, o al menos su descarbonización, y el pasado 3 de noviembre consiguió que se eliminara el escudo legal en el Parlamento.
Arcelormittal decidió entonces salirse del acuerdo, argumentando que sin esta garantía se arriesga a incurrir en delitos medioambientales. El Gobierno italiano piensa que todo ello es una excusa y que la verdadera razón que esconde su retirada es la crisis en el mercado de acero mundial y que hayan descubierto que la planta es mucho menos rentable de lo que pensaban. Según los cálculos de la financiera Morgan Stanley, Arcelormittal incrementaría su flujo de caja libre anual en unos 1.080 millones de euros si se retira de la compra.
Las negociaciones serán duras: según los medios locales Arcelormittal busca llevar a cabo una serie de cambios en el contrato por la crisis global del acero, como despedir a 5.000 empleados o reducir su producción, además de recuperar el escudo penal. El economista Giuseppe Di Taranto, de la Universidad Luiss de Roma, no ve una salida fácil a la crisis. “Si terminan rompiendo el acuerdo hay dos soluciones, o encontrar otro socio internacional, seguramente chino, algo que personalmente temo, o nacionalizar una parte. En cualquier caso, es un desafío para el Gobierno”, señala. De momento, Conte ya está sufriendo el descontento en sus carnes y el viernes fue recibido a gritos por los obreros de la fábrica.
El grupo da un paso atrás tras eliminar el Parlamento el escudo legal contra la alta contaminación
Entre los empleados de Ilva los casos de cáncer superan en un 500% la media de Italia