La Policía planeó dos días antes dónde actuaría el 1-O
Inspectores contradicen la versión del número dos de Interior
Han pasado dos años, se ha celebrado el principal juicio, pero todavía hay un interrogante sin responder sobre el referéndum del 1 de octubre: ¿quién ordenó las cargas policiales contra los votantes y quién mandó detenerlas al mediodía? Ni Mariano Rajoy, ni Soraya Sáenz de Santamaría, ni el secretario de Estado José Antonio Nieto, ni el coordinador del operativo, el coronel Diego Pérez de los Cobos, asumieron la responsabilidad de aquella actuación. Esta pregunta planea en la investigación que dirige el juzgado de instrucción 7 de Barcelona contra una cincuentena de policías nacionales que participaron en el dispositivo para impedir la votación después de recibir centenares de denuncias de personas heridas.
Ayer, declararon cuatro inspectores de la Policía Nacional que pusieron un nombre encima de la mesa: Marte. Este nombre en clave se corresponde con un indicativo policial al que los abogados de los heridos identifican como José Miguel Ruiz Iguzquiza, el jefe de la unidad de intervención policial (UIP). Él habría sido el encargado de dar la orden de actuar, pero todavía se mantiene la incógnita de si alguien más le dio las órdenes a él. El objetivo de la acusación es ir estrechando el cerco hasta llegar a un nombre. Los abogados de los heridos estudian ahora si citar a declarar ante el juez al jefe de la UIP para que aclare si estaba al mando de alguien más.
El relato de los policías de ayer también arrojó otras revelaciones. Dos días antes del 1-O, hubo reuniones de coordinación en las que se decidió en qué escuelas se actuaría. El viernes 29 de septiembre los agentes recibieron un listado con los colegios donde era “más factible” intervenir. Y al día siguiente, el 30, visitaron los centros de votación para inspeccionar el terreno. Además, se anticiparon un par de órdenes. Se estableció que la vía por la cual se comunicarían las instrucciones no serían sólo las emisoras de radio policiales– cuyas conversaciones quedan grabadas–, sino también el teléfono móvil. También se avanzó que no se harían detenciones y se dio una orden genérica sobre el uso de la porra: a unos les dijeron que se cargara, y a otros les ordenaron utilizarla sólo si se agredía a un agente.
Estas revelaciones se suman a lo que ya dijeron la semana pasada otros cuatro inspectores. Explicaron que recibieron la orden de intervenir antes de que abrieran las escuelas. Esta versión contradice lo que han mantenido hasta la fecha los máximos responsables de la policía, en concreto Nieto y Pérez de los Cobos, que manifestaron que la Policía Nacional y la Guardia Civil decidieron actuar contra los votantes la misma mañana del 1 de octubre, una vez abiertas los colegios y después de detectar “la inacción” de los Mossos d’esquadra.
La abogada del centro Irídia, Anaïs Franquesa, que lleva a varios de los lesionados el 1-O, ve “muy claro” que días antes de la celebración del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional ya había “instrucciones concretas” y eso contradice la versión que ofrecieron los responsables de la policía de que “fue una actuación autónoma a la que no se dio una orden concreta”.
Ayer, las declaraciones de los policías se hicieron por primera vez sin la presencia del Ayuntamiento de Barcelona, que ha sido expulsado del procedimiento por la Audiencia de Barcelona tras aceptar un recurso de la Abogacía del Estado. El tribunal consideró que el Consistorio carecía de legitimidad para formar parte de la acusación popular en esta causa.
Las cargas se ordenaron antes de que abrieran los colegios, según cuatro mandos policiales