¡Nuevas elecciones, no!
En lo que, al menos aparentemente, todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de los Diputados están de acuerdo es que hay que evitar otro fracaso en la investidura de un presidente de Gobierno, que comportaría una nueva convocatoria electoral. Todos manifiestan estar dispuestos a hacer lo que haga falta para evitarlo. ¿Será verdad? Pues no lo parece. Por ahora lo que se ve es que se está haciendo todo lo posible para hacer fracasar una investidura y provocar nuevas elecciones. Una vez más, entre lo que se dice y lo que se hace existe una diferencia abismal.
Algunos líderes proponen soluciones para después del procés. No hablan de evitarlo, sino de cómo una vez producido no se volviera a repetir. Primero, fracasar; después, ya se verá cómo arreglarlo, con la esperanza –nunca confesada– de que unas nuevas elecciones mejorasen sus resultados y dieran a su partido la expectativa de beneficiarse de las soluciones propuestas. A esto se le puede llamar de todo menos patriotismo constitucional o lealtad institucional.
Algunos proponen modificar la ley electoral; un trámite largo, complejo, difícil en cualquiera de las direcciones en que se pueda producir la reforma de la ley. Otorgar, por ejemplo, un número significativo de escaños a la lista ganadora –siguiendo el modelo italiano o el griego, por cierto, no especialmente exitosos– no es una decisión sencilla. Seguramente sería largamente discutida y, mientras, seguiríamos con un gobierno en funciones, retardando las reformas económicas y sociales que hay que tomar urgentemente.
Se olvida que, si hay voluntad de resolver la cuestión, la Cámara tiene facultades para su autorregulación y que un acuerdo que contara con una amplia mayoría parlamentaria podría complementar las previsiones constitucionales sobre la investidura de un nuevo presidente del Gobierno. De hecho, esta es una práctica que muchos parlamentos de nuestro entorno europeo y occidental han introducido. Las prácticas y tradiciones parlamentarias acordadas por amplias mayorías dan estabilidad a las instituciones. En el mundo de los asuntos privados, muchas prácticas de buen gobierno y de gobernanza descansan en recomendaciones aceptadas por los operadores del mercado. ¿Por qué no estudiar esta posibilidad en el Congreso español?
Algunas comunidades autónomas han introducido disposiciones que aseguran estabilidad institucional. En el régimen local, faltando una mayoría absoluta, la lista más votada asume la alcaldía. Un compromiso refrendado por una amplia mayoría parlamentaria podría dar a la previsión constitucional una salida parecida sin necesidad de provocar ni acuerdos no queridos ni nuevas elecciones. Un presidente en minoría lo tiene difícil, ciertamente; es su responsabilidad y habilidad conseguir un apoyo que dé continuidad a su designación. Y las fuerzas de la oposición tendrían a su alcance el mecanismo de la moción de censura para construir una mayoría alternativa que, con tiempo, pudiera definir una nueva acción de gobierno.
No hay soluciones mágicas ni fáciles. Pero los parlamentarios no han de renunciar a ponerse de acuerdo para evitar aquello que todos dicen que no quieren. Un acuerdo político, expresado parlamentariamente, daría coherencia a sus actos. Se puede hacer; así o de otra forma. Pero si no se ponen de acuerdo para designar un presidente, como mínimo que lo hagan para evitar nuevas elecciones. La Constitución también se defiende así.
Los parlamentarios no han de renunciar a ponerse de acuerdo para evitar aquello que dicen que no quieren