El juez no ve probado el amaño
Agapito Iglesias y uno de sus consejeros, condenados por falsedad documental
No hubo amaño, ni por lo tanto corrupción, para que los jugadores del Levante UD se dejaran ganar en beneficio de la permanencia del Zaragoza en Primera, en la última jornada de la Liga 2010-2011 en el Ciutat de València. Así lo ha sentenciado el magistrado del juzgado número 7 de València, que ayer entregó a las partes el texto que absuelve a los 36 jugadores y también al extécnico Javier Aguirre y al director deportivo zaragocista, Antonio Prieto.
En los hechos probados, la sentencia subraya que “no se ha acreditado que los acusados pertenecientes al Real Zaragoza llegaran a un acuerdo con los jugadores del Levante que están acusados en esta causa para que estos se dejasen ganar el último partido de Liga”. Y añade, además, que tampoco está probado que los 1,7 millones de euros que salieron del club maño en días previos “fueran entregados antes del comienzo del partido a los jugadores del Levante, a cambio de que estos, dejándose perder, asegurasen la victoria del Zaragoza, evitando, con ello, que el club descendiera a Segunda División”. Concluye que en la vista oral “nada se ha probado acerca de las circunstancias en las que se habría perpetrado el delito de corrupción deportiva, ni acerca de las personas que participaron materialmente en el amaño, ni cómo se negoció, ni quiénes o cómo lo ejecutaron, de una o de otras partes”.
El juez, sin embargo, sí condena al expresidente de Zaragoza Agapito Iglesias y al consejero Francisco Javier Porquera a un año y tres meses de prisión por falsedad documental, porque “justificaron de forma fraudulenta” el desvío de esos 1,7 millones de euros, en un momento en el que el club estaba al borde del concurso de acreedores. Ese dinero se habría destinado, según las defensas, al pago de primas especiales a sus jugadores por permanecer en Primera División.
Pero el juez afirma que “no se ha acreditado que durante la tramitación del concurso del Real Zaragoza SAD, los jugadores tuvieran conocimiento de que se les había atribuido en el mismo la percepción de dichas cantidades en concepto de primas por permanencia o que lo hubieran conocido por otro medio con anterioridad a la incoación de este procedimiento”. El Zaragoza, imputado como persona jurídica, y el directivo Francisco Javier Checa, también han sido absueltos de los delitos que se les imputaban.
El partido llevado a juicio es el que disputaron en la última jornada del curso 2010-2011 en el Ciutat de València un Levante que ya había logrado la salvación matemática y un Zaragoza que necesitaba ganar para no depender de otros resultados para no bajar. El encuentro acabó 1-2. Los acusados han defendido que se trató de un choque disputado y normal para esas circunstancias, mientras que las acusaciones esgrimieron un informe de la Liga que trataba de demostrar que los locales apenas buscaron la portería rival.
Fue el actual presidente de Laliga, Javier Tebas, quien en marzo del 2013 presentó la denuncia por el posible amaño cuando era vicepresidente de esta entidad. Lo hizo con arreglo a la información que le dio un exjugador del Zaragoza, cliente de su despacho de abogados. Las defensas pidieron la nulidad de las actuaciones al entender que rompió el secreto profesional al que estaba obligado. El juicio arrancó en València el 3 de septiembre y quedó visto para sentencia el 18 de octubre con un total de 42 acusados, de los cuales 41 son personas físicas, la gran mayoría futbolistas, y el Zaragoza como entidad jurídica.
La Fiscalía y las acusaciones particulares –la Liga y el Deportivo de A Coruña– sostuvieron que el Zaragoza sacó dinero de sus cuentas para comprar a varios jugadores del Levante. Ese dinero se justificó como primas a sus jugadores, para lo que habrían alterado sus nóminas.
Por esos hechos se reclamaban dos años de prisión y seis de inhabilitación para las 41 personas físicas acusadas, además de una multa de 3,4 millones de euros para cada uno de ellos. Además, para el expresidente del Zaragoza Agapito Iglesias y para otros dos directivos del club aragonés se pedían otros dos años de prisión adicional por el presunto falseamiento de las nóminas y una multa aparte.
Las defensas de todos los acusados reclamaron la absolución al entender que los indicios que podía haber no bastaban para una condena. De manera generalizada también pidieron la nulidad de las actuaciones al entender que el proceso estaba viciado de origen al estar basado en una denuncia del presidente de Laliga, Javier Tebas, que según su visión habría roto el deber de secreto profesional por utilizar datos facilitados por un cliente que podía estar entre los acusados.
SIN PRUEBA NO HAY CONDENA La justicia no puede acreditar que los 1,7 millones que salieron del Zaragoza fueran entregados al Levante