Aung San Suu Kyi Jefa de Gobierno de Birmania
La Nobel de la Paz avala la ofensiva contra los rohinyás
La Nobel de la Paz de 1991 y antigua presa política de la junta militar da un paso más en su defensa sin fisuras del ejército birmano. Suu Kyi se ha personado en la Corte Internacional de Justicia para defender la represión militar contra los rohinyá.
Hasta no hace mucho, Aung San Suu Kyi, era todo un icono de la lucha por los derechos humanos después de haber pasado 15 años bajo arresto domiciliario a manos de los militares. Pero ayer, por voluntad propia, la que fue ganadora del premio Nobel de la Paz en 1991 se presentó en La Haya para defender a algunos de esos mismos generales y a su país de las acusaciones de genocidio contra la minoría rohinyá. Una dentellada más a su popularidad en el extranjero que, sin embargo, le está generando excelentes réditos políticos en casa.
Con un traje color salmón y chaqueta negra, La Dama, como así la apodan, se personó al frente de su equipo jurídico en la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas, donde permanecerá hasta el jueves para asistir a las primeras vistas orales de un proceso que podría durar años. Con rostro serio, escuchó las acusaciones de genocidio interpuestas por Gambia en nombre de la Organización para la Cooperación Islámica por las ofensivas militares del 2016 y 2017 contra la minoría musulmana.
Durante aquellas dos oleadas represivas, se acusa al ejército birmano de asesinar a miles de civiles, torturar y violar a otros tantos y forzar la huida de unos 750.000 rohinyás al vecino Bangladesh, donde ahora malviven en infames campamentos de refugiados. La acusación se basa en un informe elaborado en el 2018 por una misión de la ONU que concluyó que las operaciones militares –que decían actuar contra grupos insurgentes– habían sido ejecutadas con “intención genocida”, por lo que Gambia demanda ahora la imposición de medidas cautelares que protejan los derechos de esta minoría.
Suu Kyi, líder de facto del país desde el 2015, siempre ha rechazado esas acusaciones contra los uniformados, cuyas acciones cuentan con un amplio respaldo entre una población de mayoría budista que considera que los rohinyá son inmigrantes ilegales de Bangladesh. Aun así, sorprendió que el 21 de noviembre anunciara que ella misma lideraría la delegación que trata de impugnar la acusación, algo que le ha servido para cimentar su fama y poder en Birmania.
En los días previos a su partida, miles de personas participaron en concentraciones de apoyo a su misión con banderas nacionales y pegatinas con su fotografía. En su honor se han celebrado ceremonias religiosas, e incluso se han organizado viajes a La Haya para seguir de cerca la marcha del proceso.
Los analistas coinciden al señalar que su inesperada asunción de protagonismo responde a intereses electorales de cara a los comicios que se celebrarán en Birmania el próximo año. También creen que su decisión le puede servir para obtener concesiones y mejorar sus siempre complejas relaciones con el poderoso ejército birmano, que tras décadas de férreo control fue cediendo algo de poder tras blindar su posición con una Constitución que le otorga una independencia casi total con respecto al Gobierno civil. Finalmente, hay quien alude al hecho de que ella puede creer sinceramente que no se cometió un genocidio –algo compartido por la población–, por lo que acude al tribunal para defender a su país con la idea de que nadie mejor que ella para llevar a cabo esa misión. Hoy tendrá su primera oportunidad.