Jxcat desafía a ERC, que asume que los presos no tendrán el tercer grado
La clasificación de los presos del procés será el nuevo foco de tensión en el independentismo. Horas antes de que la junta de tratamiento de las prisiones de Mas d’enric, Puig de les Basses y Lledoners dé a conocer el grado de clasificación de los reclusos independentistas, Junts per Catalunya presiona a la Conselleria de Justícia –en manos de ERC– para que clasifique a los presos en tercer grado (semilibertad).
La polémica se desató después de que fuentes de Esquerra pronosticaran que lo más probable es que hoy las juntas de tratamiento dicten un segundo grado para los presos independentistas, lo que implicaría que no gozarían de permisos de forma inmediata ni podrían pasar los fines de semana en casa. Los republicanos exhiben un perfil de prudencia, quieren desvincularse de la decisión y recuerdan que las juntas de tratamiento están formadas por profesionales especializados que efectúan una propuesta de forma autónoma y regida exclusivamente por criterios técnicos en la que no pueden influir.
En cambio, el abogado Jordi Pina, que dirige la defensa de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, censuró el pronóstico de ERC, reivindicó el perfecto encaje de sus clientes en los requisitos de clasificación del tercer grado e intensificó la presión a los republicanos recordando que es la Conselleria de Justícia quien toma “la decisión final”.
De hecho, las juntas de tratamiento harán hoy una propuesta que tendrá que ser ratificada o enmendada por el servicio de clasificación de la secretaría de Mesures Penals, que depende del Departament
de Justícia, que encabeza la consellera Ester Capella, de ERC.
Las juntas de tratamiento de las prisiones –que están formadas por un subdirector de tratamiento, un secretario técnico-jurídico, un coordinador del área sanitaria, un coordinador de equipos multidisciplinares y un psicólogo, un jurista, un trabajador social y un educador– harán la propuesta en cada centro y por cada preso. Una vez sea confirmada por la conselleria, la clasificación podrá ser recurrida ante el juez de vigilancia penitenciaria. Fuentes de ERC avanzan que presentarán recurso para reclamar el tercer grado si finalmente, como prevén, se les aplica el segundo. “Que la pena sea larga no puede ir en contra de la reinserción, carecen de antecedentes y no deben pagar responsabilidad civil”, razona.
Abrir la veda del recurso, sin embargo, puede entrañar ciertos riesgos . En primera instancia tendría que resolver el juez de vigilancia penitenciaria y luego, en caso de que decidieran presentar otro recurso, quien se pronunciaría sería el Tribunal Supremo, en concreto la Sala Segunda que preside Manuel Marchena, que podría acotar mucho el alcance de los permisos y limitar el margen de maniobra de la Generalitat para concederlos.
En ERC son conscientes de que no se pueden permitir no recurrir y alimentar el debate de que dan por bueno un segundo grado. La otra vía, si la decisión final es un segundo grado, es impulsar la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, que permitiría a los presos salir cada día para trabajar y volver a la cárcel a dormir.
Las juntas de tratamiento dependen de la Conselleria de Justícia, que dirige la republicana Capella