La oposición deja en suspenso la zona de bajas emisiones
El gobierno añade una exención de “personas vulnerables” que sólo beneficia a 2.000 personas
Toda la oposición dio ayer un toque de atención al gobierno sociocomún sobre su forma de hacer con respecto a la ordenanza que ha de poner las bases de la zona de baja emisiones (ZBE). Criticaron la precipitación de una medida que consideran que no se ha desarrollado teniendo en cuenta sus efectos, que fue tachada por ERC –quienes en teoría eran los aliados del ejecutivo– de poco ambiciosa. Una enmienda a la forma, no tanto en el fondo, que se tradujo en el hecho de que todos los partidos de la oposición hicieron reserva de voto en la comisión de Urbanismo y Ecología cuando se votó la ordenanza. El gobierno de Ada Colau confiaba aprobarla holgadamente de manera inicial, pero la realidad es que la ZBE se juega su futuro inmediato en el último pleno del año, el del 20 de diciembre.
“La ambición ha de tener un porcentaje más importante”, advirtió la concejal de ERC, Maria Bohigas. “Trabajar rápido no significa trabajar bien. El texto que ha quedado no me acaba de convencer: se ha trabajado con mucha precipitación y desde un único punto de vista que es el ecológico”, lamentó la portavoz de BCN pel Canvi, Eva Parera. Dos declaraciones de relevancia si se tiene en cuenta que ayer por la mañana –la comisión fue por la tarde–, la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, aseguró que tanto ERC como BCN pel Canvi se habían sumado “al acuerdo de país” de la ZBE. Una afirmación que Sanz hizo en el solemne Saló de Cròniques, en donde junto al concejal de Transición Ecológica, Eloi Badia, presentó las últimas novedades de la ordenanza. Principalmente, la introducción de una exención destinada a “personas vulnerables”, hecha a petición de Esquerra, según el gobierno sociocomún, para granjearse su apoyo en la iniciativa de la ZBE (que ayer no se vio: habrá que esperar el pleno).
Una exención de tan sólo un año y a la que tan sólo se podrían acoger, según cálculos municipales, unas 2.000 personas. Y es que la moratoria destinada a “personas vulnerables”, tal y como está contemplada, tan sólo beneficia a los ciudadanos que acrediten tener unos ingresos económicos inferiores a 8.000 euros al año y para los que el coche es un instrumento indispensable para el ejercicio de su actividad profesional. La nueva exención se suma a otras alegaciones que han modificado el texto original, como que los vehículos que presten servicios singulares (blindados, unidades móviles...) puedan entrar de manera esporádica en la ciudad; el nuevo criterio de sanciones (100 euros la leve) o que también puedan circular sin etiqueta los vehículos de personas con movilidad reducida, así como de personas cuya enfermedad condicionan el uso del transporte público.
“La moratoria tendría que ser de forma generalizada”, reclamó el portavoz del PP, Óscar Ramírez. “Es necesario crear una comisión de estudio para ver cómo afecta la ZBE al transporte colectivo. Hay que profundizar más al detalle”, manifestó la concejal de Jxcat, Francina Vila. “Primero se hace la medida y se evalúa luego cómo funciona”, apuntó el concejal del grupo municipal de Ciudadanos, Celestino Corbacho, que aseguró que, con los anuncios que se están haciendo cada día de la ZBE parece que el propio gobierno municipal “esté poniendo en duda su eficacia”.
“Hay tiempo para seguir hablando”, aseguró Badia. Si bien, para que la ZBE se pueda comenzar a aplicar el 1 de enero, el acuerdo que ayer no se consiguió se tendrá que fraguar en el último pleno del año. Hay tiempo, pero el calendario aprieta
Los grupos critican la precipitación con la que se ha elaborado la ordenanza
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