Barcelona ultima un plan para retirar amianto
La presencia de amianto en los edificios es un asunto que preocupa a los ciudadanos porque la inhalación de las fibras que contiene, en caso de que desprendan en el aire tras fragmentarse, puede producir asbestosis y distintos tipos de cáncer. El Ayuntamiento de Barcelona acordó ayer dotarse en seis meses de un plan para la retirada de este material –prohibido en sus distintos tipos en España entre 1984 y el 2002– en los equipamientos públicos. Así, antes del próximo verano debería estar listo el documento que identifique los lugares en los que actuar, el calendario y el presupuesto necesario. Para más adelante quedará el abordaje de este asunto en los inmuebles privados.
La comisión municipal de Derechos Sociales aprobó por unanimidad una proposición de ERC que insta al gobierno de Ada Colau a elaborar, a través de la Agencia de Salud Pública, el plan de desamiantado con el objetivo de que la ciudad quede totalmente libre de este material en el 2032, siguiendo las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud. Los trabajos los impulsará el área de Medio Ambiente.
El Ayuntamiento está elaborando un censo de edificios con elementos que pueden tener amianto, que preveía tener listo antes de fin de año. “En una parte muy importante ya está hecho; ahora se está realizando la comprobación física sobre el terreno”, explicó la concejal y presidenta de la Agencia de Salud Pública, Gemma Tarafa, durante la comisión. Este trabajo se ha hecho usando imágenes aéreas ya que ese material se usó habitualmente en cubiertas. Pero hay otros elementos que también lo tienen y
En seis meses debe estar listo un programa municipal para los equipamientos públicos; en el resto de inmuebles se actuará más adelante
no son tan fácilmente detectables. Y muchos están en inmuebles de propiedad privada, edificados durante el boom de la construcción de las décadas de los ochenta y los noiventa. Actuar sobre ellos tiene una “complejidad superior”, reconoció la edil, porque requiere “crear complicidad con los propietarios, obligatoriedades” y eso lleva su tiempo. “Lo abordaremos en segunda instancia”, anunció la responsable municipal.
En el debate en la comisión también se trató la problemática que supone la retirada del amianto para la salud no sólo de los trabajadores que ejecutan este trabajo, sino para el resto de personas que están en los alrededores de la zona en la que se actúa. Tarafa, que insistió en que este asunto debe abordarse “con mucho rigor y sin generar alarma social”, aseguró que la agencia que preside “velará por la garantía de que mejore la salud de los ciudadanos” y que, cuando se ejecuten los trabajos, se seguirán los “protocolos de comunicación pertinentes con los vecinos”. También coincidieron los grupos municipales en que el problema sobrepasa a Barcelona y debe abordarse con el apoyo de la Generalitat y del Gobierno central.
La presión ciudadana sobre las administraciones para que se retire el amianto va a más. La Federació d’associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) y los Jubilados de Macosa-alstom, dos de las más entidades más activas en este asunto, se han dirigido a Colau y al president de la Generalitat, Quim Torra, para que actúen con urgencia. Para ello les han presentado una carta firmada por 89 organizaciones vecinales y que cuenta con el apoyo de otras sociales, profesionales y sindicales.
El censo que elabora el Ayuntamiento con los edificios afectados aún no se ha completado