El 90% de la plantilla de Ryanair Girona secunda el acuerdo
O’leary: “No somos un negocio que paga a la gente por sentarse en su casa a no hacer nada”
El mantenimiento de la base de Ryanair en Girona anunciado el lunes, donde pasará a tener una base estacional de principios de marzo a finales de noviembre, se asienta en acuerdos individuales con la práctica totalidad de la plantilla, formada por 160 trabajadores. En concreto, y según fuentes conocedoras de la situación, el 90% de los trabajadores ha aceptado novar sus contratos –que pasan de indefinidos a fijos discontinuos– y preservar sus empleos, aunque no todos se han adherido a la oferta de la empresa de igual forma.
“Hay unos 90 trabajadores que han firmado sin realizar ningún tipo de observación ni reserva, mientras que otros 60 han hecho constar en el documento una salvaguarda por si hubiera alguna condición ilegal, sin especificar”, añaden las fuentes. Ryanair ya ha decidido mantener la sede cerrada en invierno, pero no está claro qué hará con estos trabajadores que han realizado la adhesión con reservas: la opciones que se barajan son novar sus contratos sin tenerlo en cuenta o, por el contrario, exigirles que elijan entre una nueva firma sin condiciones o el despido. Ese será, precisamente, el destino del 10% de la plantilla de Girona que ha preferido ser incluido en el expediente de regulación de empleo (ERE) abierto por Ryanair en toda España y dejar la empresa.
La novación de los contratos como vía para transformar la base permanente en temporal formó parte de la negociación del ERE que se cerró sin acuerdo el pasado 14 de nosión viembre. Ese día empezó a correr el plazo de un mes para que la empresa ratificara su intención de seguir adelante o retirara el expediente. Finalmente, optó por mantenerlo, pero conservando la base de Girona y llegando a acuerdos individuales con los trabajadores.
El acuerdo ha sido polémico. Los sindicatos consideran que la prea los trabajadores ha sido máxima y que algunas de las condiciones pactadas y las formas empleadas vulneran la ley. Después de que los sindicatos denunciaran las malas artes de Ryanair, ayer se pronunció el consejero delegado del grupo. Michael O’leary aseguró en Bruselas que el recorte de las condiciones laborales sufrido por los trabajadores de la base de Girona, que han accedido a cambiar sus contratos indefinidos por temporales bajo amenaza del cierre de la base, “no es coacción, sino democracia”. “Nosotros no somos un negocio que paga a la gente por sentarse en su casa a no hacer nada”, aseguró O’leary, para quien tanto el reciente cierre de sus bases en las islas Canarias como la amenaza de cerrar la de Girona responden al hecho de que este invierno Ryanair tendrá “menos aviones de lo planeado”, por lo que dichas decisiones “simplemente responden a la realidad del trabajo”.
El primer ejecutivo del grupo aéreo, que participaba en una conferencia de prensa de Airlines for Europe (A4E), la asociación de aerolíneas europeas, quitó hierro al cambio de condiciones laborales: “Los contratos temporales son muy comunes en España, particularmente en la industria turística”.
Mientras desde el Departament de Territori i Sostenibilitat han aplaudido el mantenimiento de la base aún a costa de los derechos laborales de los trabajadores, en Treball se muestran críticos con las prácticas de Ryanair. “No tenemos suficiente con que una empresa se quede o venga si no garantiza unas condiciones laborales mínimas”, señalaron fuentes de la conselleria. Además, están pendientes de conocer el contenido del ERE que la empresa ha tramitado en Madrid.
También se pronunciaron ayer los sindicatos Sepla y Sictpla, representantes de pilotos y tripulantes de cabina. En un comunicado, el Sepla acusó a la compañía de bajo coste de poner a los pilotos “entre la espada y la pared” ofreciéndoles una rebaja de sus condiciones laborales a cambio de mantener la base. El sindicato asegura que la aerolínea ha negociado de manera individual con los pilotos y que el acuerdo se ha pactado después de las negociaciones del ERE, que acabaron sin acuerdo el pasado 14 de noviembre. Sepla afirma que la compañía los ha coaccionado sin esperar la resolución del
UNOS DAN SU APROBACIÓN Unos 90 trabajadores firman la novación de su contrato para poder seguir en la empresa
PERO OTROS NO SE FÍAN Otros 60 empleados estampan su firma con reservas legales por las nuevas condiciones
conflicto y que no se les ofreció ninguna otra salida. “Solamente se nos ha dado la opción de aceptar una rebaja enorme de las condiciones. Era eso o el paro”, afirmaron.
Por su parte, el sindicato Sictpla manifestó su indignación con la aerolínea, “que cierra las bases de Canarias dejando a los compañeros en la calle con una mano delante y otra detrás y a cambio se comprometen a indultar a Girona, algo inaceptable en una mesa de negociación”. Además, tacha de “inaceptable y mafiosa” la práctica de Ryanair de presionar a los compañeros de Girona para que firmen una rebaja de sueldos para permanecer en la base.
“Estas prácticas –como la pérdida de antigüedad– ya probadas en la base de Faro, deben ser cortadas de raíz”, concluye el sindicato en un duro comunicado.
Pere Vila, delegado de la Generalitat en Girona y presidente de la Associació per a la Promoció i el Desenvolupament de les Comarques Gironines (AGI) –formada por otras instituciones como la Cambra de Comerç de Girona o la Diputació–, considera que la decisión de Ryanair es “una noticia positiva” teniendo en cuenta que hace sólo unos meses todo apuntaba al cierre, que hubiese sido “pésimo para el territorio”. Sin embargo, Vila pidió
más “concreción” para realizar una valoración más profunda.
La AGI dedica mucho dinero a la promoción turística del territorio a través de convenios de publicidad con Ryanair y otras compañías. Sin embargo, al ser la aerolínea irlandesa la que más vuelos trae a Girona (en el 2018 fueron el 75% del total de pasajeros) es la que se lleva también más dinero en este concepto. En el 2018 fueron unos 3,5 millones los que recibió Ryanair para promocionar Girona. El convenio vigente caduca en el 2020, lo que obligará a redefinir las aportaciones de la Generalitat y de las otras instituciones, informa Sílvia Oller.