El plan económico del nuevo gobierno será más continuista que de ruptura
A pesar de las críticas por el aumento del gasto, las medidas propuestas por la coalición PSOE-UP provienen de acuerdos de ejecutivos anteriores
El nuevo gobierno arrancará en una situación económica marcada por una desaceleración, más suave de lo que se presumía hace unos pocos meses, pero con menor crecimiento y con una política definida por el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos. Un pacto mucho más continuista con la política económica anterior de lo que quieren reconocer tanto sus firmantes como sus críticos políticos, pero sometido a más limitaciones constitucionales y europeas y que pese a ello incorpora sensibles aumentos del gasto público. Al calor de esos condicionantes, el plan económico de PSOE y UP está siendo acogido con estridencia apocalíptica desde determinados medios mediáticos y empresariales, especialmente en Madrid. El diagnóstico, en esos ámbitos, es que de aplicarse prácticamente cualquiera de sus apartados principales, está asegurado un aumento del paro, la caída de la inversión, el castigo de Bruselas y la recaída en una grave crisis económica.
Parte de la crítica se pretende justificar con el argumento de que el acuerdo elude cualquier cuantificación de su posible coste, la llamada memoria económica. Eso ha dado margen para que los más descabellados hablen de un incremento del gasto de hasta 35.000 millones de euros anuales; cifra que organizaciones empresariales como CEOE rebajan hasta solo un tercio, unos 12.000 millones.
Pero, si se deja el partidismo al margen, debe reconocerse que algunas de las medidas propuestas, simplemente incorporan acuerdos adoptados por amplia mayoría parlamentaria o que ya formaban parte de la política presupuestaria del anterior gobierno del PP, presidido por Mariano Rajoy, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda.
Del primer bloque destacan puntos de tanta trascendencia económica como las pensiones. En efecto, la actualización de las mismas según el IPC es fruto del acuerdo en el 2018, en la comisión del pacto de Toledo, que abarcó a todos los grupos parlamentarios, desde el PP a Podemos.
La presión de la opinión pública forzó a los populares a aceptar el cambio de fórmula de cálculo de esa revalorización, abandonando el anterior índice de referencia que había limitado las subidas al 0,25% entre los años 2014 al 2017; cambio ratificado, por cierto, por el actual líder de los populares, Pablo Casado. Las pensiones representan la parte del león del gasto del Estado, un 40%, y es tal su envergadura que limita mucho el margen de maniobra de cualquier gobierno. El incremento del 0,9% en el 2020 costará unos 1.400 millones.
Es obvio que esas actualizaciones no ayudan a reducir el déficit de la Seguridad Social, una tarea que Sánchez ha encomendado a José Luis Escrivá, futuro ministro de Seguridad Social, expediente que este último conoce profundamente. Escrivá no comparte el pesimismo dominante sobre el futuro del sistema y cree que una adecuada política migratoria puede contribuir poderosamente a resolver el déficit consecuencia de la insuficiencia de las cotizaciones para hacer frente al pago de las prestaciones.
Otra de las críticas al aún no nato Gobierno se refiere a la subida del sueldo de los funcionarios, hasta un 2,3% este año y que supondrá un aumento del gasto de 3.300 millones. En realidad, ese aumento se deriva del pacto alcanzado por el anterior gobierno del PP con los sindicatos de funcionarios.
Ciertamente, el programa PSOE-UP concreta determinadas subidas de impuestos que lógicamente no son del agrado del mundo empresarial. Sin embargo, especialmente en los tipos máximos del IRPF, son equivalentes a las aplicadas por el PP cuando ganó las elecciones en el 2011 y el consenso desde entonces era que aquellas subidas contribuyeron a superar la bancarrota de las cuentas públicas. Y en esta valoración compartida se incluye el FMI, por boca de su directora gerente, Kristalina Georgieva, quien esta misma semana soltaba esta perla: “Nuestras investigaciones muestran que en el segmento superior de la distribución del ingreso es posible elevar las tasas marginales de impuesto sin sacrificar el crecimiento económico”. Con el aumento del IRPF pactado por la izquierda, la nueva tarifa del impuesto de la renta quedará ahora en niveles similares a los de entonces, por encima de 300.000 euros, un punto más. Eso sí, el aumento arranca en los 130.000 euros, frente a los 90.000 del acuerdo presupuestario en Catalunya.
Del resto de medidas fiscales propuestas, la más concreta es la de reducción de un 5% en la deducción de dividendos en filiales extranjeras, hasta ahora exentas al 100%. Pero, en lo referente al anuncio de un impuesto de sociedades mínimo para los bancos (18%) y el resto de grandes empresas (15%), la redacción del acuerdo es tan vaga que los especialistas reconocen que está por ver sus posibles efectos. Será este un terreno propicio para las labores de lobby de los presidentes de CEOE y Foment del Treball, Antonio Garamendi y Josep Sánchez Llibre, respectivamente. Esto sin contar con que el pacto entre el PSOE y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), incluye una cláusula que compromete al ejecutivo de Pedro Sánchez a “acordar previamente (con el PNV) las medidas
Algunas de las medidas propuestas ya formaban parte de la política de Rajoy
El nuevo ministro no comparte el pesimismo dominante sobre el futuro del sistema
fiscales que el Gobierno quiera proponer a las Cortes”. Una cautela extraña, pues gracias al régimen del concierto económico, el País Vasco no se ve apenas afectado por los cambios legislativos. Obviamente, este pacto otorga al PNV un poder y una relevancia política enorme, especialmente ante el empresariado y el mundo económico, más allá de su ámbito territorial de representación política.
Las otras dos grandes partidas de gasto son la sanidad y la educación. Respecto al primer punto, el pacto PSOE-UP recoge el objetivo de alcanzar un gasto sanitario equivalente al 7% del PIB en el 2023 (ahora casi en el 6%), es decir en el curso de los próximos cuatro ejercicios. Del orden del 12% más al final del periodo, en torno a 12.000 millones más en el último año, con aumentos proporcionales cada ejercicio. Un ritmo de aumento igual al registrado ya durante los últimos años, incluidos los del gobierno del PP, el 2,6% anual. Aunque ahora, en efecto, con menor crecimiento económico.
Otro tanto se aplica en el ámbito de la educación. El gasto público en ese ámbito ascendió en el 2017 a unos 50.000 millones de euros, equivalentes al 4,26% del PIB. El pacto del nuevo gobierno se propone elevarlo al 5% del PIB en el 2025, es decir en el curso de seis ejercicios, lo que supone un aumento de unos 9.000 millones en el último ejercicio. Y, en cualquier caso, inferior al aumento promedio registrado en esa partida durante los últimos años de gobierno del PP, bien es cierto que con un mayor aumento del PIB.
Para la ejecución de ese programa, Sánchez está componiendo un equipo económico con contrapesos internos. Al frente del mismo, la ministra de Economía, Nadia Calviño ascendida a vicepresidenta y con el objetivo central de consensuar la senda con Bruselas- que está demandando ajustes de unos 8.000 millones– convertida en guardián de la ortodoxia del gasto. Contará con más flexibilidad comunitaria, pues según fuentes de las instituciones europeas, la Comisión será comprensiva con las desviaciones de déficit.
La pérdida de influencia en este ámbito de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, queda compensada con la portavocía, que le dará mayor influencia política a la hora de abordar debates sobre los temas económicos básicos. Escrivá se centrará en uno de los grandes problemas por sí mismo, la Seguridad Social.