La batalla europea del ‘procés’
Diversos tribunales del continente deben juzgar el trabajo de la justicia española
El puzle judicial del procés cada día se va haciendo más arduo y complejo. Cuando un asunto parece quedar resuelto, se abren nuevas réplicas, nuevas causas que van camino a inundar los tribunales de primera instancia, provinciales, nacionales hasta los europeos.
La insistente labor de las defensas de los partidos y líderes independentistas está llevando a las instituciones al colapso. “Vamos camino a un callejón sin salida. Tardaremos años en resolver todos los asuntos planteados”, advierte una fuente jurídica implicada en varios procesos judiciales.
Desde que arrancó el desafío independentista con las leyes de desconexión del 6 y 7 de septiembre del 2017 como armadura jurídica para lograr la independencia de Catalunya, el goteo de causas judiciales ha sido incesante.
A pesar de que ahora la batalla se centra en España, en la Fiscalía, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya y en numerosos juzgados los independentistas supieron ver desde el inicio que la batalla se libraría en Europa. Y no iban desencaminados.
La huida del expresidente Carles Puigdemont y varios de sus exconsellers y la irrupción de varios de los encausados por el Tribunal Supremo en el Parlamento Europeo ha sido la baza que necesitaban para convertir la resolución judicial en una madeja de demandas con ramificaciones en tribunales de todo el continente.
No siempre se resuelven en favor de la justicia española cuyo talón de Aquiles son las prisiones preventivas y el derecho de participaciónpolítica.ambosextremos han sido reiteradamente analizados en otras causas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sus sentencias acostumbran a ser restrictivas y críticas.
Ese será el caballo de batalla de las defensas cuando recurran ante el Tribunal de Estrasburgo la sentencia del procés. Oriol Junqueras y el resto de líderes políticos condenados han estado bajo el régimen de cárcel preventiva prácticamente dos años hasta que se dictó la sentencia.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UE
La inmunidad en juego
El resultado de estos recursos podría llevar a España a ser condenada por la vulneración de alguno de estos derechos y eso podría conllevar a que las defensas reclamaran al Tribunal Supremo la revisión de las actuaciones.
Pero para que esto suceda quedan años por delante. Por ahora, los independentistas han logrado una primera victoria, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) haya cambiado la doctrina europea seguida hasta ahora para proclamar a los eurodiputados. Hasta el 19 de diciembre, la ley establecía que para que un candidato español presentado y elegido para el Parlamento Europeo pudiera obtener su escaño primero debía acudir a la Junta Electoral Central y jurar la Constitución. El Tribunal Supremo no permitió a Junqueras, que se encontraba en prisión preventiva, acudir y el TJUE ha sentenciado que debió autorizarle porque desde el mismo momento de la proclamación como electo gozaba de inmunidad.
Esta resolución se ha entendido como un duro golpe al Supremo aunque finalmente la victoria para Junqueras ha sido mínima. Está condenado en firme y en consecuencia la propia Cámara europea la ha retirado la acreditación.
TRIBUNAL GENERAL DE LA UE
El siguiente paso de Junqueras
La batalla no ha terminado. ERC ya ha anunciado que recurrirá al Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) la decisión del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, de retirarle la condición de eurodiputado. Ésta será una nueva partida que se jugará en Europa con consecuencias inciertas. La sentencia del TJUE ha creado un precedente.
En el auto de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal en el que se analizaba la sentencia europea y se negaba a liberar a Junqueras, el tribunal recuerda que con anterioridad, el presidente del Tribunal General había mantenido su misma tesis y había rechazado, en julio, la intención de Puigdemont y Comín de ser aceptados en el PE sin pasar por la Junta Electoral Española. Un paso que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se cargó de un plumazo .
PARLAMENTO EUROPEO Hasta ahora, a favor del Gobierno español
Hasta la sentencia del TJUE, las resoluciones del PE habían sido favorables a España. En abril del pasado año, sus servicios jurídicos elaboraron un dictamen que daba la razón a España en los procedimientos de acreditación de los eurodiputados. El 27 de junio del pasado año, el entonces presidente del PE, Antonio Tajani, advirtió a Puigdemont y Comín que correspondía ante todo a las jurisdicciones internas decidir sobre la legalidad de las disposiciones y de los procedimientos electorales nacionales, aceptando la decisión de la JEC de no incluirles en las listas europeas al no acudir ante ésta. El propio Supremo advierte que el presidente del Parlamento adoptó esta decisión “conforme al artículo 12 del Acta y la jurisprudencia del tribunal que la desarrolla”.
Los más beneficiados de la sentencia del TJUE han sido Carles Puigdemont y Toni Comín, quienes veían cómo sus opciones para legar al PE se hacían cada vez más pequeñas a la vista de todas las resoluciones anteriores. Ahora, a pesar de estar fugados de la justicia española podrán tener libertad de movimientos hasta que el Parlamento
Europeo (PE) no conceda el suplicatorio para levantarles la inmunidad y que el juez del TS Pablo Llarena pueda continuar el procedimiento judicial contra ellos.
Este lunes, ambos han sido citados en el PE para formalizar su condición de eurodiputados y lo lograrán sin hacer el paso previo de jurar o prometer la Constitución ante la JEC de España. Así se ha interpretado la sentencia del TJUE aunque fuentes jurídicas explican que la Abogacía del Estado tendría la potestad para acudir a este mismo tribunal de Luxemburgo y recurrir estos nombramientos sin cumplir la norma interna española. ¿Lo hará?
TRIBUNALES NACIONALES
Las euroórdenes no funcionan
El juez Pablo Llarena ha sufrido a lo largo de estos dos últimos años las trabas de tribunales extranjeros que no han entendido que lo ocurrido en Catalunya en otoño del 2017 con la aprobación de las leyes de desconexión, la celebración de un referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia fuera un delito de sedición sino, como mucho, meros desórdenes públicos.
Cuando en noviembre del 2017 se activó la primera euroorden tras la fuga de Puigdemont, Bélgica puso todo tipo de impedimentos para entregarle. El juez decidió retirar la orden y esperar. En aquel momento, el expresidente catalán estaba en condición de investigado. Cuando ya le procesó, en marzo del siguiente año, se reactivó la orden de detención e ingreso en prisión y fue arrestado en Alemania.
La respuesta de su justicia fue un golpe a la primera línea de flotación de la causa judicial española. Un tribunal de Schleswig-holstein se negó a entregarle por sedición y sólo aceptó por el delito de malversación de caudales públicos. Esto significaba que si se aceptaba la entrega, Puigdemont sólo podría ser juzgado por ese delito. Llarena lo rechazó y retiró la euroorden.
El varapalo alemán se percibió tanto desde el Tribunal Supremo como desde la Fiscalía como un ataque al principio de cooperación entre estados de la UE. El TS aprovechó una resolución en la causa del procés para criticar a los jueces alemanes por actuar con “falta de rigor”. Los magistrados vieron casi indecente que se comparara el proceso secesionista dentro de un país de la Unión Europea con unas revueltas contra la ampliación del aeropuerto de Frankfurt.
Tras la sentencia del procés dictada el 14 de octubre, Llarena reactivó de nuevo la euroorden y de nuevo está en manos de Bélgica, que está pendiente de dar su última palabra.
Y esto sin contar con Suiza que no acepta entregar a la número dos de ERC, Marta Rovira, y el Reino Unido, que tampoco tiene visos de favorecer la extradición de la exconsellera Clara Ponsatí.