La grieta jurídica

El 26 de septiembre Ignacio Cosidó fue contratado por la Junta de Castilla y León. Así consta en el Boletín Oficial de la comunidad que afronta una crisis secesionista. Al hacerse público el nombramiento, desde Presidencia se afirmó que la experiencia de Cosidó se pondría al servicio de “un especial acercamiento al desarrollo y al mundo rural” (son declaraciones que recogió el periodista Arturo Posada). No hace falta ni ser malpensado. El Partido Popular, como hacen todos si pueden, habría actuado como una eficiente agencia de recolocación de su propio personal. Y en este caso tampoco sería la primera vez. Tras haber sido director general de la Policía –cuatro años durante los cuales estuvo operativa la policía patriótica–, este veterano del PP fue cesado, pero transcurrió sólo un mes para que las Cortes de Castilla y León le nombraban senador sólo con los votos de su partido. Al poco Pablo Casado le designó portavoz popular en la Cámara Alta, un grupo que se comunicaba a través de una aplicación de mensajería instantánea.

Cosidó usó ese canal el 17 de noviembre del 2018. El texto y el contexto son conocidos. Socialistas y populares habían llegado a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El senador, espectador de la negociación, informaba a su grupo de que todo estaba atado y bien atado: cuantificaba el cambalache al por menor, ponía en valor que Manuel Marchena pasase a presidir el Tribunal Supremo, hablaba de un movimiento que penalmente los beneficiaría y afirmaba que los suyos seguirían “controlando la Sala Segunda desde detrás”. La divulgación del mensaje –que era una profanación a pelo de la tumba de Montesquieu– rompió el acuerdo entre los partidos, y así seguiremos: el miércoles Casado ya se comprometió públicamente a bloquear la renovación del poder judicial. Y ese bloqueo no es sólo una estrategia de oposición destructiva. La coartada constitucionalista se usará para fosilizar una mayoría caducada y el precio de esta política lo vamos a pagar todos: será, ya es, la degradación de la mecánica del Estado de derecho.

Lo que degrada dicha mecánica no es que un partido o un gobierno acudan a los tribunales para denunciar aquello que consideren que vulnera la ley. Ni mucho menos. Digamos que así entendida la judicialización es una herramienta útil de conservación del sistema, una salvaguarda necesaria más. Pero no lo es cuando, como atajo y como norma, se usa de manera espuria, “desde detrás”, no para defender la ley y la salud democrática, sino para blindar una posición de poder y patrimonializar el Estado. Así se destruye la democracia.

Lo perverso es pisotear la separación de poderes, como decía la santa letanía de “la Fiscalía te lo afina”. Lo mórbido es saturar programáticamente los tribunales para impedir la actividad legislativa de un Parlamento, como el posfascismo puede prometer y promete. Lo corrosivo es bloquear la renovación de la alta judicatura para preservar una mayoría desfasada que garantiza el nombramiento político, como prioriza

Carlos Lesmes. Lo disfuncional fue parar una modernización de la judicatura que pretendía desvincularla de una cultura del pasado que sobrevivió a la transición, como ha estudiado el historiador del derecho Alfons Aragoneses. O lo tramposo es forzar la ingeniería legal para alterar la composición de un tribunal vertebral, como logró el PP al conseguir que Pablo Pérez Tremps fuera recusado y así jodió el Perú al precondicionar la sentencia del Tribunal Constitucional que había presentado contra el Estatut plebiscitado por la ciudadanía.

Por aquel entonces, Montserrat Nebrera era diputada en el Parlament. En una entrevista radiofónica dijo bien a las claras que su partido, con la recusación del magistrado, había obtenido su objetivo aprovechándose de una grieta jurídica. La imagen es inquietante y, además, al pasar los años, ha ido intensificando su significación. ¿Qué pared estaba agujereando Federico Trillo con sus recursos? Al ensancharse la grieta “desde detrás”, ha acabado por abrirse un boquete considerable en nuestro Estado de derecho. Esa era la pared.

La deriva actual de la judicialización se está convirtiendo en una guerra jurídica cuyo propósito es la persecución del rival para expulsarle de la vida política. El recurso presentado por el PP ante la Junta Electoral Central para inhabilitar a Quim Torra –¡por una pancarta descolgada a destiempo!– es uno de los últimos ejemplos y la decisión de la JEC pone intencionadamente en crisis las instituciones del Estado de 1978. El caso del president es sólo interno. La demostración evidente que la crisis constitucional ya es un conflicto de Estado es la querella que mantienen el Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Mañana lunes tendrá su conflictiva escenificación pública con la ausencia del eurodiputado Oriol Junqueras del Parlamento Europeo. Lo advirtió hace años el Consejo de Europa: estamos en el furgón de cola de la independencia judicial. Y el boquete avanza perforando nuestras fronteras.

La actual judicialización deriva en una guerra en la que se persigue expulsar al rival de la vida política