De los convenios al despido, y el SMI
El gobierno de Sánchez nace con el compromiso de desmontar líneas fundamentales de la reforma laboral de Rajoy. Supera de largo los retoques impulsados por Magdalena Valerio que estuvieron en un tris de aprobar antes de que convocaran elecciones. Ahora el planteamiento es algo distinto. Para empezar los cambios en el marco laboral estarán comandados por una dirigente de Unidas Podemos, la abogada laboralista Yolanda Díaz.
El acuerdo y, además de la compleja negociación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, ofrece cambios normativos en dos tiempos. Los más urgentes serán la derogación del artículo que permite el despido por absentismo reiterado debido a bajas por enfermedad, así como la eliminación del límite de un año de vigencias para los convenios en negociación y de la prioridad del convenio de empresa sobre el sectorial.
En el segundo paquete figuran otras modificaciones relacionadas con la negociación colectiva, la modificación de las condiciones de trabajo y, sobre todo, con la contratación y el despido –como la autorización administrativa para los ERE – plantean serias dudas sobre si recibirán el apoyo incluso de socios parlamentarios como el PNV. Por no hablar de la oposición adelantada ya por las organizaciones empresariales. La patronal también rechaza nuevos aumentos en el salario mínimo (SMI), mientras los partidos de la coalición defienden llegar a unos 1.200 euros en el 2023.
Por su parte, CC.OO. y UGT ven estos cambios como elementos imprescindibles para poner freno a la precariedad laboral y el desigual reparto de la riqueza. Y la CEOE, por boca de Garamendi, advierte del riesgo de que complique aún más la desaceleración. Mientras, los expertos se lamentan amargamente de que no se ha evaluado con rigor cómo afectó al mercado laboral la reforma del 2012 o la subida del SMI hasta los 900 euros de este año.