Demanda, que algo queda
La cárcel no sólo no soluciona los problemas políticos, sino que crea injusticia y sufrimiento
Esta va a ser una legislatura judicializada. Tampoco será una novedad visto el periodo convulso que arrancó con la moción de censura contra Mariano Rajoy. O, en realidad, todo lo que ha pasado desde que el Partido Popular llevó ante el Tribunal Constitucional el Estatut d’autonomia aprobado por los catalanes en las urnas. O, yendo más lejos, cuando los dos partidos mayoritarios entonces en el Congreso, PP y PSOE, quisieron acabar con el terrorismo y, de paso, con los partidos independentistas vascos y medios afines con la ley de partidos. Y luego con los escraches, raperos groseros y disidentes molestos con la llamada ley mordaza.
La tentación española de acudir a la justicia para solucionar problemas políticos, acabar con rivales o marcar musculatura de orden ante el electorado tiene raíces muy profundas, con precedentes tan carpetovetónicos como la ley de vagos y maleantes que el franquismo utilizó contra todo lo que se meneaba fuera de su radar o la misma ley de Principios del Movimiento Nacional de la dictadura, auténtico freno inmovilizador para un país acogotado. Su éxito, como los rezos pedidos por la Conferencia Episcopal católica contra el Gobierno de izquierdas, siempre han sido limitados: la ley y la cárcel no sólo no solucionan los problemas políticos, sino que generan injusticia y sufrimiento además de traspasar a las siguientes generaciones la responsabilidad de hallar la respuesta.
Lo mismo se podría decir del enfrentamiento de la justicia española con la europea, en sus diversas expresiones. Que Marchena se ponga estupendo y califique de “novedosa” la doctrina del TJUE sobre el aforamiento de Junqueras, sin poder ocultar el resquemor en el tono zumbón de su resolución, no va a corregir el hecho de que dictó sentencia contra un eurodiputado de pleno derecho al que impidió su derecho a recoger la acreditación.
El respeto a la ley es una de las piedras angulares de la democracia, donde las normativas deben ser iguales para todos y de igual cumplimiento para cualquier ciudadano. Pero desde que los consejos de ministros indultan a banqueros, sabemos que no siempre es así. Sobre todo en un país donde los jueces situados en las más altas responsabilidades les deben todo a los partidos que los colocaron allí. Por eso el último Eurobarómetro sitúa a los españoles cuartos por la cola en la valoración de la justicia: más de la mitad cree que los jueces españoles son parciales. Europa nos mira, sí, pero con estupor y vergüenza ajena.