Mesa y sobremesas independentistas
“Tener el gobierno no quiere decir tener el poder”. La frase de Oriol Junqueras el viernes en una entrevista escrita en RAC1 ponía a Pedro Sánchez frente al espejo. Tras oficializar la composición de su gabinete, el presidente asume en primera persona el mando de la negociación política con la Generalitat en busca de una solución a la crisis catalana. Serán la vicepresidenta Carmen Calvo y el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, quienes pongan la cara, además de la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y Salvador Illa, pero los costes se cargarán a la cuenta de Sánchez.
Costes, porque tener el gobierno no quiere decir tener el poder, y el éxito político que supone activar una nueva operación Catalunya –lejos del ministerio del Interior y el comisario Villarejo– no implica que otro poder del Estado, el judicial, comparta el objetivo, los tiempos y mucho menos el método acordado por Sánchez y Junqueras.
El escenario es imprevisible para el nuevo Gobierno, pero también para ERC, que debe conjugar ahora su voto en Madrid con la batalla electoral en Catalunya. Los republicanos han optado por una estrategia político-judicial de largo alcance –aumentar la base independentista y defensa de los derechos fundamentales desde prisión– pero necesitan hechos más allá de discursos en la Moncloa. La maraña judicial en torno al proceso soberanista ahoga el debate político y aleja el horizonte de la “desjudicialización”. Los órganos de gobierno del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional están en manos de los sectores más conservadores, su renovación parlamentaria depende de la derecha, y ni siquiera el relevo de Mªjosé Segarra como Fiscal General del Estado garantiza la desactivación de los lobos solitarios del Tribunal Supremo.
Y ERC se impacienta. Primero fue la “desinflamación” y ahora el “recomenzar” junto a los primeros logros independentistas en los tribunales europeos, pero Oriol Junqueras sigue en su celda de Lledoners por orden del Supremo mientras Carles Puigdemont exhibe hoy en Estrasburgo el “éxito del exilio”.
Los republicanos no pueden inhibirse de esa escena sin ser desleales al Govern. Pere Aragonès y Roger Torrent acompañan al expresident y Toni Comín, que, en plena pugna electoral entre socios, pasa de ser diputado de ERC a eurodiputado de Jxcat con críticas a sus antiguos valedores. “Se podía negociar con el PSOE con resultados mejores”.
Jxcat se sentará en la mesa pero mantendrá la presión sobre Sánchez y ERC. El valor electoral de la marca está ligado a la defensa del “mandato del 1-O”, mientras que los republicanos han virado hacia la gobernabilidad, así que la convivencia en la parte catalana no será pacífica. El pacto PSOE-ERC prevé coordinar la mesa de gobiernos con la Comisión Estado-generalitat y la Taula de Partits del Parlament, donde participan el PSC y los comunes.
Pero Torra concedió protagonismo a una mesa paralela de partidos y entidades independentistas para dar entrada a Puigdemont, y desde donde la ANC pretende fiscalizar y bloquear debates que no sean negociar la independencia. Mientras, Jordi Cuixart (Òmnium) defiende dialogar con el PSOE.
Las condiciones de la ANC soliviantan a los comunes, que consideran “sectario” ignorar la transversalidad política catalana justo cuando empiezan a dibujarse mayorías de izquierda alternativas al independentismo.
Pero es el futuro judicial de Torra y el mando de Puigdemont lo que marca los tiempos. El president esgrimirá como un agravio su inhabilitación frente a Sánchez, y Elsa Artadi se ha erigido en la punta de lanza de esa estrategia contra el “Sánchez el dialogante”. El resto espera una señal de Puigdemont.
“Tener el Gobierno no quiere decir tener el poder”, avisó Junqueras ante la decisión del Supremo