Un estúpido impuesto ambiental
Está visto que las políticas medioambientales de quienes nos gobiernan en Barcelona y la Generalitat compiten en su carácter injusto. El caso de Barcelona lo traté en un artículo anterior (2 de diciembre). Ahora la Generalitat practica una arbitrariedad semejante por la vía de los impuestos a los vehículos (ley 9/2019, de 23 de diciembre), prescindiendo de si circulan mucho o poco, y sólo en función del tipo y el año. Ambos gobiernos llegan tarde y después de años de inoperancia quieren corregir una situación indeseable, la contaminación, con soluciones inequitativas y discriminatorias.
La Generalitat castiga a los vehículos antiguos que no tienen edad para ser clásicos. También al mundo rural, donde abundan coches viejos que circulan poco, útiles para cortos desplazamientos locales con independencia de los kilómetros que recorran. Un Seat 600 N de 1957 tributará 98 euros el primer año y 159,60 euros el segundo, ¡más que un Ferrari de 670 caballos! Goya ya lo dejó grabado hace doscientos veinte años: los sueños de la razón producen monstruos.
El problema radica en forzar la fiscalidad persiguiendo un buen fin, pero con un método equivocado. No son los vehículos los que contaminan, sino el combustible que consumen. Un litro de gasolina emite 2.196 gramos de CO2. A más consumo, más impacto. Lo lógico es limpiar la atmósfera incrementando la presión fiscal sobre los combustibles, de manera que pague más quien más contamine. Esa es la lógica, ¿o no? Era la solución para Catalunya y también para Barcelona. ¿Por qué no se ha hecho? Se puede dudar de que sea competencialmente posible que el Parlament legisle sobre este tipo de impuesto. Pero incluso en este supuesto, puede lograrse aprovechando la actual coyuntura de negociaciones con el Gobierno español. Se trataría de aplicar el artículo 150.1 de la Constitución y conseguir, para esta ocasión y esta ley, la capacidad de aplicar este impuesto, sin que ello fuera óbice para que el Estado lo hiciera más adelante con carácter general.
Los ingresos deberían dirigirse a incentivar el cambio a vehículos híbridos y eléctricos, y generalizar los puntos de recarga, al mismo tiempo que obrando así no se castigaba a quienes hacen un uso escaso de su coche. Pero claro, esto sería pensar primero en las personas.