Trump afronta otra acusación de la Oficina de Control del Gobierno
El presidente de EE.UU. retuvo ilegalmente la ayuda a Ucrania
Coincidiendo con el inicio en el Senado del juicio para la destitución (impeachment) de Donald Trump, la Oficina de Control del Gobierno acusó ayer al presidente de Estados Unidos de haber quebrantado la ley al retener y condicionar la ayuda militar a Ucrania aprobada por el Congreso. Este pronunciamiento refuerza la acusación del impeachment.
Nuevo golpe a Donald Trump. Mientras el Senado ultimaba ayer los preparativos para el comienzo del juicio político al presidente, la Oficina de Control del Gobierno concluyó que la Casa Blanca violó la ley al retener “por motivos políticos” la ayuda militar que el Congreso había decidido destinar a Ucrania, un suceso clave del escándalo de presiones e intercambio de favores que provocó el inicio del impeachment de Trump.
“La leal ejecución de la ley no permite al presidente sustituir las prioridades transformadas en leyes por el Congreso para aplicar sus propias prioridades políticas”, censura este organismo independiente encargado de controlar al poder ejecutivo, que ejerce labores comparables a las del Tribunal de Cuentas y rinde cuentas al Capitolio. La suspensión de la ayuda militar “no por razones programáticas” sino para ajustarse a la agenda política del presidente “violó la ley”, concluye el informe, que aumenta la presión sobre los republicanos que ya han dicho que no comparten la conclusión de la Cámara Baja, que lo ha impugnado por abuso de poder y obstrucción al Congreso, y votarán contra su destitución.
La ocasión es histórica y como tal se está tratando. Ayer continuaron las formalidades para que el próximo martes comience en el Senado, por tercera vez en la historia, el juicio político al presidente. Los fiscales del caso, siete congresistas, leyeron en público los cargos. A continuación juraron su cargo como jurados los cien senadores que componen la Cámara así como el presidente del Tribunal Supremo, el juez John Roberts, que presidirá las sesiones, que prometieron velar por una “justicia imparcial”.
El comienzo del juicio coincide con la difusión de nuevas informaciones potencialmente incriminatorias para el presidente, notas y mensajes electrónicos a los que la Cámara Baja ha accedido después de cerrar su investigación sobre el caso. Uno de sus autores es Lev Parnas, un oscuro colaborador de Rudy Guliani, abogado del presidente que asegura que este estaba al corriente de los términos del intercambio de favores que se planteó al nuevo Gobierno ucraniano para obtener tanto una visita oficial a la
Casa Blanca como la entrega de la ayuda militar. Este último punto no llegó a ser sólidamente probado por la investigación de los demócratas, que –a diferencia de lo que hicieron con Richard Nixon– renunciaron a pedir al Supremo que forzara a la Administración a darles acceso a ciertos documentos y testigos.
La Cámara Baja quiere que los papeles formen parte del material del juicio, pero su presidente, Mitch Mcconnell, no tiene ningún interés en aceptar adiciones de última hora. Para la senadora Susan
Collins, lejos de resultar incriminatorios para el presidente, son indicativos de que la investigación de los demócratas dejó mucho que desear. “¿No sugiere acaso que la Cámara de Representantes hizo un trabajo incompleto?”, ha planteado Collins.
“No estamos preocupados”, replicó la portavoz de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, sugiriendo que Parnas tiene sus propias motivaciones ya que está acusado de violaciones de las leyes sobre financiación de campañas electorales. Su abogado ha pedido inmunidad para su cliente a cambio de hablar.
La última incorporación al casting del Ucraniagate es Robert Hyde, un republicano aspirante a congresista. En sus mensajes a Parnas, aseguró estar en contacto con un equipo de “seguridad privada” cerca de la embajada de EE.UU. en Kíev y sugirió que tenía a su titular, Marie Yovanovitch, bajo vigilancia electrónica y física. “Confirmado, tenemos a una persona dentro”, escribió por SMS en marzo al abogado del presidente. La policía ucraniana ha abierto una investigación al respecto mientras el Departamento de Estado, cuya tibieza en la defensa de su personal ante los tejemanejes de Giuliani y su camarilla ha sido muy criticada, guarda silencio ante la petición de Yovanovitch de que se aclaren los hechos.
Los últimos documentos indican además que el ex fiscal general de Ucrania ofreció información dañina para Biden a los emisarios del presidente si la embajadora, conocida por su firmeza en la lucha contra la corrupción, era destituida. Es lo que finalmente ocurrió, aunque poco después el fiscal general, sospechoso de corrupción, salió del gobierno con la llegada de Zelenski al poder. Fue entonces cuando Trump le llamó y le pidió garantías de que su sucesor se tomaría en serio las investigaciones que le pedía abrir referentes a Hunter Biden, hijo del exvicepresidente demócrata, entre otros temas. La Casa Blanca insiste en que el presidente sólo pedía que lucharan contra la corrupción en términos generales. “No les interesaba la corrupción, les interesaba Biden”, asegura Parnas.
Un socio de Giuliani implica a Trump en el intercambio de favores con Zelenski Ucrania investiga la posible vigilancia ilegal de la exembajadora de EE.UU. en Kíev