Un Poder Judicial dividido avala a Delgado como fiscal general
El órgano de gobierno de los jueces da luz verde al nombramiento por doce votos a favor y siete en contra tras un duro debate
Dolores Delgado va a arrancar su mandato como fiscal general con un primer tachón. En una situación inédita, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sacado adelante con una mayoría muy ajustada el informe de idoneidad que exige la ley antes de su designación oficial.
De los 19 miembros que acudieron al pleno ayer, siete votaron en contra y emitieron un voto particular. El enfrentamiento entre vocales se preveía desde el día anterior. El anuncio del nombramiento de Delgado había provocado un “profundo malestar” en parte de la carrera judicial y fiscal. Y no se trataba de que Delgado fuera designada por un Gobierno socialista sino de su propia trayectoria. Si bien el nombramiento de su antecesora, María José Segarra, no suscitó ninguna oposición, la figura de Delgado es diferente, a juicio de sus críticos.
A pesar de ser fiscal de carrera –aunque no haya ocupado cargo en la ninguna jefatura–, Delgado venía de ser ministra de Justicia con el primer gobierno de Pedro Sánchez tras la moción de censura. Tras su entrada en política, además, optó por presentarse como diputada por el PSOE. Y de hecho, no renunció hasta ayer jueves a su escaño, cuando ya había sido anunciado su nombramiento como fiscal general.
Para los siete vocales críticos del Consejo, todos ellos elegidos por el PP, esto es un claro síntoma del pretendido control por parte del Gobierno a la Fiscalía. Según fuentes del Consejo, el voto particular conjunto en contra de aceptar a Delgado esgrime que no es idónea para desempeñar el cargo. Consideran que la autonomía e imparcialidad del ministerio fiscal pueden resumirse en el antiguo proverbio inglés que dice que “no basta que se haga justicia, sino
CGPJ que es necesario que se vea que se hace justicia”.
La asunción de la responsabilidad de fiscal general del Estado sin solución de continuidad, inmediatamente después de haber cesado en su cargo de ministra de Justicia y de diputada del partido político que sustenta al Gobierno proponente, “supone un serio impedimento para garantizar a la ciudadanía la imagen de autonomía e imparcialidad que ha de exigirse al fiscal general del Estado”. La apariencia de imparcialidad y la percepción que de ella debe proyectarse a la sociedad, queda, a su juicio, “comprometida” por las circunstancias que concurren en la candidata propuesta, que crean una apariencia de vinculación con el poder ejecutivo que no contribuye a la percepción de la independencia de la institución. A juicio de estos vocales críticos, esto comporta, a su vez, que las funciones constitucionales que debe cumplir como fiscal general del Estado “estén expuestas al riesgo de que el poder ejecutivo influya en sus decisiones”.
El CGPJ vivió ayer un pleno con duras intervenciones. Según fuentes del órgano, expusieron todos los vocales opuestos a sacar adelante el informe de idoneidad. Aunque no sea vinculante, estos vocales consideraban necesario exponer su parecer. En sus intervenciones, explicaron que la condición de diputada y exministra de Delgado “enturbia” la imagen de autonomía e imparcialidad.
En su turno, los vocales progresistas salieron en defensa de Delgado para apoyar su profesionalidad e independencia y rechazaron que sus cargos previos supongan una ruptura de autonomía para ejercer su nuevo cargo como fiscal general. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, actuó con “responsabilidad institucional” y elaboró el informe en el que aceptaba que Delgado cumplía los requisitos de antigüedad y prestigio exigidos por la ley. Eso sí, evitó recoger su idoneidad para el cargo.
Estas fuentes indican que en el pleno se obvió sacar a colación asuntos escabrosos de Delgado, como su relación con el excomisario de Policía encarcelado José Manuel Villarejo, y las grabaciones que salieron a la luz.
DURANTE MÁS DE UNA HORA El pleno tuvo intervenciones duras tanto a favor como en contra de la exministra