La condición de diputado para ser president
Ser miembro del Parlament es condición necesaria para mantenerse en el cargo de presidente de la Generalitat? Desde una interpretación literal, no se impone que el presidente de la Generalitat tenga que ser miembro del Parlament durante todo su mandato. Veámoslo.
El artículo 152.1 de la Constitución española (CE), posiblemente inspirado en la italiana, dispone que el presidente de las comunidades autónomas que accedieron a la plena autonomía por la vía rápida (entre estas, Catalunya) es “elegido por la Asamblea [legislativa] entre sus miembros”. Similarmente, el artículo 67.2 del Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) establece que el presidente de la Generalitat “es elegido por el Parlament de entre sus miembros”. Así lo reitera el artículo 4.1 de la ley de la Presidència de la Generalitat i del Govern (LPG).
Hay que complementar estos artículos que regulan la elección de la presidencia con los que regulan el cese. Los artículos 67.7 del EAC y 7.1 de la LPG listan, de manera coincidente y parece que con ánimo de exhaustividad, las causas de cese. No sólo la pérdida de la condición de diputado no se contempla expresamente como causa de cese, sino que el cese “por condena penal firme” se podría interpretar como un obstáculo para el cese por sentencia todavía no firme.
Dado que el mismo artículo 67 del EAC regula la elección y el cese de la presidencia de la Generalitat y que la LPG regula la elección y tres artículos más adelante el cese, no es plausible razonar que se ha producido un simple descuido. Es más plausible, partiendo de la presunción de que el legislador es un actor racional (reforzada porque tratamos con parlamentos y legislaturas diferentes), considerar que ha habido una voluntad expresa de vincular el cese a causas diferentes a la pérdida de la condición de diputado.
Esta interpretación sistemática se fortalece a partir de tres argumentos. Primero, se contemplan expresamente causas de cese tan obvias como el “cambio de legislatura a consecuencia de unas elecciones”. Segundo, otros estatutos de autonomía prevén expresamente la pérdida de la condición de diputado como causa de cese de la presidencia autonómica. Tercero, dado que el ejercicio del cargo de presidente de la Generalitat queda protegido por el derecho fundamental del artículo 23 de la CE y correspondientes de los tratados internacionales sobre derechos humanos, las causas de cese tendrían que estar previstas por ley y no ser interpretadas de forma extensiva.
Desde una interpretación teleológica, podemos indagar sobre los fines (telos) que persigue la norma que obliga a elegir al presidente de la Generalitat de entre los miembros del Parlament. Ninguno de los cuatro fines que seguidamente mencionaremos indica que la pérdida sobrevenida de la condición de diputado deba comportar necesariamente la pérdida de la presidencia: 1. telos electoral-competitivo, que exige que el candidato haya competido electoralmente y que tal competencia aumente la legitimidad democrática de la presidencia; 2. telos antielitista, que impide una candidatura presidencial externa al Parlamento de una persona de prestigio, de consenso o de perfil técnico; 3. telos anticentralista, que evita la imposición de una candidatura extraparlamentaria desde los aparatos centrales de poder, y 4. telos antielección directa, que imposibilita el diseño de una presidencia escogida directamente por la ciudadanía.
Para terminar, conviene contextualizar esta polémica en el parlamentarismo racionalizado que inspira nuestro sistema. Este modelo de parlamentarismo prioriza la estabilidad gubernamental y, por lo tanto, se inclina por el mantenimiento de la presidencia de la Generalitat, a pesar de ciertas pérdidas de las condiciones y los apoyos parlamentarios iniciales.