La gran industria pide un cambio ecológico que no frene su desarrollo
La industria necesita respaldo institucional. Grandes empresas del sector, como Repsol, Gestamp y Sidenor, reclamaron ayer al nuevo Gobierno un “gran pacto social y de Estado” que prime su defensa y deje atrás la “falta de sensibilidad” y los “ataques” recibidos desde el actual Ejecutivo y los anteriores, con anuncios como la restricción al uso del diésel o los incrementos fiscales en torno a él.
En una jornada organizada por UGT en Vitoria, las empresas mostraron su preocupación por el futuro y coincidieron en pedir al Gobierno que “no contraponga la transición ecológica” al desarrollo del sector tras el protagonismo otorgado al Ministerio de Transición Ecológica, que tiene rango de vicepresidencia. El cambio, indicaron, debe producirse con “prudencia e inteligencia”. “No podemos quedarnos con la cara ecológica atacando a la industria”, subrayó el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz. “La política climática –terció José Antonio Jainaga, presidente de Sidenor– no puede pasar por encima de la industrial”.
Especialmente crítico se mostró el secretario general de la Federación Empresarial de la Industria
Química Española (Feique), Juan Antonio Labat, que acusó al ministerio de “estar en contra” del sector, una postura que contrapuso a la actitud de la titular de Industria, Reyes Maroto. Esta cerró la jornada recogiendo el guante y ratificó en el foro el “compromiso” del nuevo Ejecutivo con su defensa.
En cuanto a la incertidumbre en torno a la transición ecológica, Maroto aseguró que esta será “justa e inclusiva” y señaló el objetivo final: alcanzar la “neutralidad climática”
Maroto promete una transición “justa e inclusiva” ante la inquietud de las empresas
en el 2050. Para un desarrollo sostenible en la economía y el empleo, los ponentes exigieron asimismo que se acabe con declaraciones o medidas que han generado un “daño innecesario”, como la relativa a los vehículos diésel.
A su vez, instaron a las instituciones a abordar unos costes de energía que “permitan ser competitivos” con respecto a países como Alemania y Francia, que pagan “entre un 30% y un 50% menos”.