Cuenta atrás en Catalunya
El Gobierno de Pedro Sánchez empieza su singladura entre el escepticismo sobre su perdurabilidad, dada su escasa mayoría en el Congreso y los variopintos intereses de los grupos que le apoyan. La estabilidad va a depender en buena parte de ERC y, por tanto, de cómo evolucione la política catalana. Despejada la provisionalidad en que ha vivido la Moncloa desde la moción de censura del 2018, ahora falta que se celebren elecciones al Parlament para aclarar la interlocución por parte de la Generalitat. Sin esa premisa, el tímido diálogo emprendido entrará en un callejón sin salida.
La investidura fue negociada entre Esquerra y el PSOE, pero a la mesa de diálogo deberán sentarse los dos gobiernos, algo complicado cuando resulta que el presidente de la Generalitat recela de las intenciones de ese armisticio, mantiene unas deficientes relaciones con sus socios republicanos y su futuro en el cargo está en la cuerda floja. Ni Quim Torra ni Jxcat están por la labor de conceder demasiado margen de maniobra al diálogo recién estrenado. La prueba es la convocatoria de una mesa preparatoria con partidos y entidades exclusiva- mente independentistas, cuya única finalidad es atar en corto a ERC y vigilar la pureza de sus exigencias.
Esa falta de una interlocución clara en Catalunya se constata en otra de las mesas de diálogo, la del Parlament, que se está demostrando estéril. Dicho foro, que se reunió el pasado viernes por tercera vez, está compuesto por independentistas, comunes y socialistas. Torra insiste en que sólo aborde “la autodeterminación y la represión”, con el consiguiente bloqueo. En la última cita, Jxcat, a través de la consellera
Meritxell Budó, reclamó que la mesa sirviera
Despejada la provisionalidad en que ha vivido la Moncloa desde la moción de censura del 2018, ahora falta que se celebren elecciones en Catalunya para aclarar la interlocución por parte de la Generalitat.
para preparar el diálogo entre los gobiernos central y catalán, opinión que no fue compartida por el vicepresidente Pere
Aragonès, de ERC. El encuentro sólo sirvió para que los comunes y el PSC reclamaran al president que convoque elecciones, algo que Torra rechaza por ahora.
La legislatura catalana está agotada. A pesar de la inminente aprobación de los presupuestos, los dos socios no comparten planes ni estrategia, ni existe un liderazgo político. Pero ERC no va a dejar caer el Gobierno, así que la fecha electoral va a depender de los tribunales. Las maniobras en la Junta Electoral para inhabilitar a Torra como diputado y la decisión que adopte el Supremo al respecto en pocas semanas pueden desestabilizar aún más las relaciones entre Jxcat y ERC, pero no es previsible que le aparten de la presidencia. En cambio, la confirmación de su condena por desobediencia por parte del Alto Tribunal sí le dejaría fuera del cargo. Y, según fuentes jurídicas, la resolución de ese recurso puede llegar en poco más de dos meses.
Habrá que ver si Torra prefiere convocar él antes las elecciones o espera a su inhabilitación, dando paso a dos meses de presidencia en funciones a cargo de Aragonès. Y si Jxcat presenta un candidato a votación durante ese tiempo de interinaje. En cualquier caso, se trata de maniobras dentro de la pugna independentista ante la cita electoral. La reunión que en los próximos días mantendrá Sánchez con Torra no deja de ser un mero gesto de escaso contenido. Un formulismo previo para abrir las conversaciones en las que los protagonistas serán la Moncloa y ERC, centradas en una primera fase en el frente judicial, que es el punto principal de la agenda para que Esquerra mantenga su apoyo al PSOE.
Los republicanos esperan que la Abogacía del Estado y la Fiscalía atenúen sus posiciones en las múltiples causas abiertas a raíz del procés. Procedimientos repartidos por distintas instancias judiciales y que afectan desde alcaldes a dirigentes notables de la formación como Lluís Salvadó o Josep Maria Jové. De ahí que
María Jesús Montero , en su primera comparecencia como portavoz del Gobierno, subrayara que “la política no se puede esconder detrás de las togas”. ERC espera que las palabras se traduzcan en hechos. En ese contexto, es muy posible que emerja de nuevo el debate sobre una posible reforma del Código Penal que revisara los delitos de rebelión y sedición. Sin embargo, cualquier avance en esa dirección está aún verde, en medio de un clima muy crispado entre el Gobierno y la cúpula judicial, con el PP contrario a cualquier renovación de ese estamento y con el Govern sumido en la incertidumbre. Porque si la legislatura española acaba de empezar, la catalana aún está agonizando.