Un comisario e intendente para detener a cada conseller
La defensa del mayor aporta el plan de arresto al Govern
Mañana lunes arranca en la Audiencia Nacional, en las dependencias de San Fernando de Henares, el juicio contra el que era jefe de los Mossos d’esquadra el 1 de octubre del 2017, el mayor Josep Lluís Trapero. La Fiscalía le acusa del delito de rebelión “por haber ayudado y no impedido el asedio tumultuario” en la conselleria de Economia el 20 de septiembre del 2017 y la celebración del referéndum de independencia el 1-O. Le piden once años de prisión y los mismos de inhabilitación.
También se juzga al que fue director de la policía, Pere Soler, al que era secretario general de Interior, César Puig, número dos del entonces conseller Joaquím Forn, y a la intendenta Teresa Laplana, que en aquellos días era responsable de la comisaría de los Mossos del Eixample, distrito en el que está ubicada la conselleria de Economia.
Soler y Puig también están acusados de rebelión. Para Laplana la acusación es de sedición y la Fiscalía pide para ella cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación.
Una vez resueltas las cuestiones previas y a la espera de si la Fiscalía varía la tipificación de los delitos contra Trapero, Soler y Puig por sedición después de que el Tribunal Supremo descartara en su sentencia la rebelión, empezarán los interrogatorios a los acusados.
Trapero estuvo cuatro horas en el Supremo detallando por primera vez en público cual fue el papel de los Mossos d’esquadra, tanto a las puertas de la conselleria como días después en la jornada del 1 de octubre.
Se espera que en la Audiencia Nacional su interrogatorio sea mucho más extenso porque su letrada Olga Tubau tendrá la oportunidad de preguntarle y dejarle que insista en la que ha sido su tesis: demostrar que la policía catalana tuvo en todo momento la voluntad de cumplir las órdenes judiciales y que tanto los mandos como el resto de la organización policial se desmarcaron del proyecto secesionista del Govern.
Tubau pedirá a Trapero que vuelva a detallar el plan que ordenó diseñar a sus comisarios para detener a Carles Puigdemont y al resto de consellers si la autoridad judicial se lo ordenaba. Hace semanas que la abogada del mayor incorporó en la causa el informe con el plan de arrestos. Lo firma el comisario Ferran López, que, junto al también comisario Rafel Comes, detallarán ante el tribunal el dispositivo que habían preparado.
Comes, que ya entonces era el responsable de la comisaría de Investigación Judicial, asumiría la coordinación de todas las detenciones, se encargaría de la custodia de los detenidos y ejercería el papel de interlocutor único de la policía con la judicatura en todo lo referente a los atestados. Los comisarios llegaron a completar una parrilla con el nombre de cada conseller y la pareja de mandos, integrada por un comisario y un intendente, encargado de su detención.
El operativo dejaba al mayor Trapero al margen. El plan era sencillo pero pretendía evitar cualquier improvisación si se recibían las órdenes de detención. Los comisarios principales Ferran López y Joan Carles Molinero se encargarían del arresto de Carles Puigdemont, mientras que la detención de Oriol Junqueras corría a cargo del comisario Emilio Quevedo y del intendente Amadeu Domingo.
La operación contemplaba también la reserva de uno de los dos helicópteros de los Mossos d’esquadra que durante esa jornada del 27 y la del 28 de octubre permaneció sin operar y con los pilotos en alerta, por si se requería para evacuar alguno de los detenidos del Parlament, en caso de que el edificio estuviera rodeado de manifestantes.
Otro de los testimonios reveladores del juicio será la intervención del letrado de la administración de justicia de la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, Joaquim Martínez Sánchez. El funcionario estaba presente cuando el 27 de septiembre la magistrada Mercedes Armas entregó a Trapero la resolución de frenar el referéndum. El mayor advirtió al leerla que no quedaba suficientemente claro que la responsabilidad del operativo debía ser compartida y coordinada entre los tres cuerpos: Mossos, Guardia Civil y Policía Nacional. Trapero declaró en el Supremo que la juez rompió allí mismo la orden y mandó redactar otra nueva. Y aseguró que antes de abandonar el despacho la juez le pidió de voz que actuaran “con paciencia, contención y garantizando en todo momento la paz social”. El funcionario estaba presente.
LAS PETICIONES
La Fiscalía pide 11 años para Trapero, Soler y Puig y cuatro para la intendenta Laplana
TESTIGO CLAVE DE LA DEFENSA El secretario del TSJC declarará sobre el encuentro de la juez Armas y Trapero