Política, justicia, fariseísmo
Nada más echar a andar, en la semana de su primer Consejo de Ministros, el Gobierno ha tenido ya dos encontronazos con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El miércoles, Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos y vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno, declaró que la judicialización del procés fue un error y que había propiciado una “humillación” de la justicia española a manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Dichas palabras motivaron una respuesta del CGPJ pidiendo a Iglesias “responsabilidad institucional”. El jueves, el CGPJ respaldó dividido (12 votos a favor, 7 en contra) el nombramiento de Dolores Delgado, exministra de Justicia, como nueva fiscal general del Estado. Pero, pese a admitir que cumplía los requisitos para el cargo, le escatimó la condición de “idónea”.
En otra coyuntura estos dos hechos podrían considerarse inconexos. Pero ahora se enmarcan en un progresivo proceso de judicialización de la política española que nada bueno aportará ni al poder ejecutivo ni al judicial. Los antecedentes de este proceso son bien conocidos e incluyen el recorte del Estatut en el Constitucional, instigado por el PP, o la instrucción y el fallo del juicio del procés en el Supremo, de claros efectos sobre las políticas española y catalana.
Por si todo ello fuera poco, Pablo Casado, líder del PP, manifestó públicamente ante la constitución del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos que recurriría sus decisiones ante la justicia siempre que lo creyera oportuno. Esto sería ya poco alentador si el Poder Judicial estuviera en España libre de suspicacias. Pero no lo está. Porque la actual mayoría conservadora en el CGPJ refleja aún el Congreso de los Diputados del 2013 (donde había 168 escaños del PP y 110 del PSOE), que no el actual (120 escaños del PSOE y 88 del PP). Porque el PP trata de aprovechar este statu quo judicial, con mandatos expirados en funciones, en beneficio de sus intereses políticos. Porque lo hace ya sin temor a ser acusado de fariseísmo, censurando ruidosamente la –lícita, aunque poco estética– conversión de la exministra de Justicia Dolores Delgado en fiscal general del Estado, pero omitiendo todo comentario sobre sus propias presiones al Poder Judicial.
Todo esto sucede a la luz pública y tiene distintas consecuencias. La primera y más seria es que las luchas políticas van erosionando la credibilidad de la justicia española; es decir, de uno de los pilares del Estado: hay que ser ingenuo –y la mayoría de los españoles no lo son– para asistir a estas maniobras y creer que son casuales. La segunda consecuencia es que la actividad política se ve obstaculizada y enrarecida por acusaciones mutuas y vetos. Y la tercera es que estas irregularidades, además de minar la confianza de los ciudadanos en el sistema, reducen su confianza en el futuro. Es natural: abundan los políticos que proclaman su voluntad de prolongar tales irregularidades.
Sería muy positivo que los grandes partidos, los que amparados por la ley aúpan jueces afines a los órganos del Poder Judicial, tuvieran menos afición a las descalificaciones cruzadas y más sentido de Estado. El camino que lleva a este objetivo está bien cartografiado. Otra cosa es que falte voluntad política para recorrerlo. Para empezar, bastaría con renovar los cargos que ya expiraron. Y hacerlo con criterios de excelencia profesional, antes que considerando los de afinidad política. A medio y largo plazo, bastaría con reformar la legislación al objeto de que esa excelencia fuera ya para siempre el criterio de selección dominante.
Judicializar la política es un error. Politizar la justicia es un error mayor si cabe. Y hacerlo con el propósito, cada día más patente, de buscar en ella un báculo para los afanes partidistas constituye ya una perversión de muy corrosivas consecuencias para las estructuras y los mecanismos del Estado.
Politizar la justicia es un error, y hacerlo con afanes partidistas corroe las estructuras del Estado