Tarragona exige responsabilidades por una explosión alarmante
El Gordo de Navidad cayó en Reus y los periodistas pudimos recrearnos, al fin, en una buena noticia tras el incendio que en verano calcinó más de 5.000 hectáreas en la Ribera d’ebre y la riada que en otoño engulló a seis personas. El año empezó con un buen susto al reventar la tubería principal que abastece de agua a 63 municipios (entre ellos Tarragona, Reus) y a 26 empresas, también las del polígono petroquímico. Pero este suceso, que comprometió el suministro de agua a más de 800.000 personas y del que todavía se desconocen las causas, ha quedado totalmente eclipsado por la explosión que esta semana ha sobrecogido a todos y que ha abierto un sinfín de interrogantes, a cuál más preocupante.
¿En qué condiciones operaba Iqoxe como para poder producirse esa brutal explosión? ¿Cuántas empresas están comprometiendo la seguridad del polígono? ¿Por qué se puso en riesgo la seguridad de la población al no activar las sirenas? ¿Habrá valentía política que haga autocrítica, avale una investigación rigurosa y que imponga y exija responsabilidades al sector? La bofetada ha sido mayúscula. El mayor incidente de la historia de la petroquímica de Tarragona desde el atentado de 1987 marcará para siempre un punto de inflexión al haber provocado la muerte de alguien externo a la industria. El martes por la tarde, la increíble cadena de desgracias –¿o negligencias?– hizo que tras estallar el reactor, un fragmento de la tapa de 122 por 165 centímetros y unos 800 kilos de peso se convirtiera en un proyectil mortal. Impactó contra un edificio de Torreforta, a casi tres kilómetros de distancia, entró por una ventana del tercer piso y hundió el suelo. El forjado cayó encima de Sergio Millán, el vecino de 59 años que vivía en el segundo.
¿Y si este fragmento hubiera salido despedido en dirección contratrias ria? ¿Y si hubiera impactado contra otro depósito del polígono? ¿Y si una reacción en cadena? ¿Y si...?
La potencia de la explosión provocó una lluvia de proyectiles, –dentro del polígono y a varios kilómetros a la redonda– que podrían haber multiplicado el desastre, que se ha cobrado tres vidas y un herido muy grave.
Eran las 18.41 horas de la tarde del martes. Quién más, quién menos oyó la explosión. Muchos la sintieron con vibraciones de cristales y de casas. Quien no veía las llamaradas en directo las tenía en el móvil. Llamadas al 112, redes sacando humo... Coches y coches saliendo del barrio de Camp Clar para alejarse de la zona cero... Incomprensiblemente, no sonaron las sirenas que ordenan el confinamiento de la población. Protecció Civil sí lo ordenó vía Twitter en varias poblaciones desde Tarragona a Reus; desde Salou hasta El Morell, pero no en La Pobla de Mafumet (separada por una calle).
“Teníamos que comprobar primero si se había formado una nube tóxica”, dijo el conseller de Interior, Miquel Buch. Para enmarcar. El desfile de altos cargos políticos comenzó la misma noche del accidente, con el president Quim Torra, el vicepresidente y dos consellers en el edificio del 112 de Reus. Más allá de los elogios a los efectivos de emergencias, no se oyó ningún mensaje rotundo, claro y comprometido en la investigación de las causas y en la exigencia de responsabilidades en una industria tan necesaria como arraigada en este territorio. Un sector en el que trabajan más de 40.000 personas de forma directa e indirecta y que representa el 25% de la producción química de España, donde mueve 55.000 millones de euros al año.
El conseller de Treball ha sido el primero en anunciar acciones una vez trascendido el historial de sanciones a Iqoxe. La preocupante presión bajo la que trabajaban los empleados de esta empresa, comandada por José Luis Morlanes –y que vendía su óxido de etileno a indusde todo el país y también a algunas vecinas, como Repsol y Dow–, sumada a las dudas sobre la seguridad de las propias instalaciones, va ganando peso en el relato de los hechos que ya está bajo investigación judicial. Los técnicos mantienen que una explosión de tal calibre requería una increíble sobrepresión en el reactor y no dan crédito a que esto ocurriera en una planta automatizada como esta. El fantasma de la precariedad y el
low cost planea ahora por el polígono al tiempo que aumenta la presión de la ciudadanía, que no sólo exige saber qué respira sino también que se opere de forma segura. Más de 3.000 personas llenaron el miércoles la plaza de la Font –otro punto de inflexión– reclamando más transparencia y responsabilidad. Unas dosis de autocrítica en el sector y en la administración sería un buen arranque.
PRECARIEDAD
La presión laboral y las dudas sobre el estado de la planta ganan peso en el relato de los hechos
PUNTO DE INFLEXIÓN
La población reclama saber qué aire respira y exige transparencia y seguridad