‘Impeachment’ en territorio Trump
El tercer impeachment o proceso de destitución del presidente que llega al Senado en la historia de Estados Unidos arranca con una constatación elemental: el presidente Donald Trump afronta la acusación en territorio amigo. La Cámara Alta tiene mayoría republicana (53 de los 100 senadores y se necesitan 67 votos para la destitución) y estamos, además, en un año con elecciones en noviembre a la presidencia y el Capitolio. Aunque el bipartidismo domina la política de Estados Unidos, no hay una disciplina de partido al modo europeo y los representantes dan prioridad al electorado de su circunscripción por encima de la hipotética lealtad al presidente aunque sea de su propio bando.
Los prolegómenos de la primera sesión del proceso iniciado ayer en la colina más célebre de Washington DC anticipan que la mayoría republicana ha cerrado filas, al menos de entrada, con Donald Trump. Así lo sugieren las maniobras y discusiones mantenidas para fijar las reglas y procedimientos del juicio que los republicanos van a tratar de que sea lo más corto –apenas semanas– y denso posible –para reducir las franjas de máxima audiencia televisiva–, en contra de la estrategia demócrata de prolongar al máximo las sesiones, así como el número y relevancia de los testigos llamados a declarar.
Conviene recordar que una vez remitido el impeachment por parte de la Cámara de Representantes, el Senado se transforma en una suerte de tribunal con siete demócratas en el papel de fiscales y los cien senadores en su conjunto como integrantes del jurado, entre los que figuran nada menos que cuatro candidatos demócratas a la incierta carrera en curso por la nominación. Este trasfondo electoral forma parte de la estrategia del equipo del presidente Trump, que caracteriza el proceso como una maniobra electoralista y un subterfugio para suplantar la voluntad de los votantes estadounidenses. Los cargos contra el presidente Trump son obstrucción a la justicia y abuso de poder en el curso de sus presiones al presidente de Ucrania para que investigase las actividades económicas en el país de un hijo del exvicepresidente Joe Biden, potencial contrincante demócrata en las elecciones de noviembre del 2020. Como supuesta medida de presión, la Casa Blanca condicionó a estas investigaciones el desembolso de 360 millones de euros en ayudas a Ucrania. Ciertamente, los modos de Donald Trump no pasarán a la historia ni a la galería de los mejores presidentes. La defensa legal de la Casa Blanca sostiene que esta suerte de chantaje ejercido sobre el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, forma parte de la discrecionalidad del presidente de Estados Unidos a la hora de ejercer sus responsabilidades...
La aritmética parlamentaria tampoco garantiza el fracaso del impeachment. Todo dependerá de si los fiscales demócratas consiguen reforzar sus pruebas o presentar nuevas hasta crear un estado de opinión de generalizada indignación –que las encuestas no detectan hoy por hoy– o aportar testimonios que puedan hundir la credibilidad presidencial, algo, por otra parte, de dudosa trascendencia ya que Donald Trump ocupa la Casa Blanca y tiene números para la reelección pese a unas conductas, reacciones y desprecio consustancial a la verdad y los hechos que en otros tiempos ya le hubiesen impedido pasar siquiera una noche en la mansión presidencial.
El proceso de destitución es un arma de doble filo, apenas utilizada en los más de 200 años de Constitución y democracia. Si el presidente Trump logra que el Senado liquide de forma rápida la iniciativa, habrá dado un paso de gigante para la reelección, con el viento a favor del buen balance económico. Si las sesiones refuerzan sus debilidades y la votación es ajustada, el candidato demócrata en noviembre tendrá al menos posibilidades de victoria.
Los republicanos, mayoría
en el Senado, quieren abreviar el juicio a Trump; los demócratas, alargarlo