El sistema de dependencia se estanca: 270.000 personas en lista de espera
Crecen en 20.000 los dependientes que esperan un servicio reconocido por ley
Mientras el Gobierno y la oposición se enzarzan en una discusión sobre una polémica que se ha demostrado inexistente, como es el caso del veto parental, los problemas de verdad, los que sí existen y necesitan atención urgente, siguen aumentando. En el año 2019, la lista de espera de la dependencia aumentó en 20.000 personas, por lo que ya se elevan a 270.000 las personas que esperan, sin éxito, una atención que la ley les otorga y que el sistema les niega, entre otras cuestiones por falta de financiación.
Así lo ha indicado la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que denuncia el “preocupante empeoramiento” del sistema de dependencia de manera clara por primera vez desde el año 2016. Tras la crisis, el sistema cogió impulso, pero la prórroga de los presupuestos del 2018 y la paralización de la administración central por la sucesión de elecciones han vuelto a frenar la atención de un servicio vital para miles de personas.
Tal es la situación actual que el ritmo en que han aumentado el número de beneficiarios en el 2019 y teniendo en cuenta el número de personas que se encuentran en la lista de espera se tardaría más de una legislatura completa para llegar a la plena atención bajo la ficción de que no entraran nuevos solicitantes. “Cuatro años y medio para absorber sólo la lista de espera”, señala el presidente de la citada entidad, José Manuel Ramírez.
Preocupante es también el incremento de personas pendientes de valoración de dependencia que ya asciende a 160.000 (30.000 más que hace un año). A pesar de que el número de atendidos asciende a 1.115.000 personas, el saldo positivo de 61.000 personas más del último año, es claramente insuficiente para absorber la demanda.
En ocho comunidades ha subido la lista de espera. Dos autonomías terminaron el año con menos beneficiarios que cuando empezó el año: Asturias (-966) y Extremadura (-952) y las dos comunidades que más beneficiarios incorporaron han sido la Valenciana (+13.888) y Castilla y León (11.402).
Al incremento de personas en espera hay que añadir lo “escandaloso” de los plazos de tramitación: 426 días de media con grandes variaciones interterritoriales, “lo que indica que a la losa de la insuficiencia en la financiación hay que añadir gravísimos problemas de gestión”, explica Ramírez.
Todo esto tiene dolorosas consecuencias, el fallecimiento de miles de personas, con algún grado de dependencia reconocido, que mueren sin haber recibido la
asistencia. “Estimamos que en el 2019 esta situación ha afectado a cerca de 31.000 personas (85 fallecimientos diarios)”, indica la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. No hay que olvidar que más de la mitad de los solicitantes (54%) supera los 80 años. “Tremenda forma de reducir las listas de espera”, señala Ramírez.
Otra consecuencia es que la demora en ofrecer servicios de apoyo para realizar las actividades de la vida diaria genera importantísimas sobrecargas familiares, especialmente a las mujeres, ya que el 75% de las personas que prestan cuidados familiares son hijas, madres o parejas.
Ante esta situación, la entidad que preside Ramírez exige al nuevo Gobierno, y en especial al ministro de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, que se ponga a trabajar en mejorar el sistema de dependencia. “Es urgentísimo acometer una inyección financiera decidida en el sistema dirigida a absorber la demanda existente con un mínimo de dignidad para acometer después las reformas que sean precisas”, exigen.
A juicio de Ramírez, el Gobierno debe cumplir ya el pacto por la Dependencia y recuperar los recortes producidos desde el 2012, lo que no bastará para dar plena atención a todas las personas.
Expertos exigen al ministro Pablo Iglesias que aborde de manera urgente la atención a este colectivo