La Vanguardia

El TS dice que la decisión es reversible y constituci­onal

“El acta no se la ha quitado la JEC sino una condena”

- CARLOTA GUINDAL

La Sala de lo Contencios­o Administra­tivo del Tribunal Supremo superó ayer el escollo para retirar el acta de diputado a Quim Torra tras un largo debate de dos días. Finalmente logró un acuerdo unánime que rechaza las medidas cautelares solicitada­s por el presidente de la Generalita­t para suspender el acuerdo de la Junta Electoral Central (JEC) por el que le retiraba la credencial como miembro del Parlament. La administra­ción electoral se basó en el artículo 6.2 de la ley electoral (Loreg), que establece que una persona no puede ser elegida como miembro de una cámara parlamenta­ria si pesa sobre él una sentencia. Además, esta no tiene que ser firme si el delito por el que ha sido condenado era contra la administra­ción pública, como es el caso de Torra, que fue condenado por incumplir una orden de la JEC de retirar la pancarta en favor de “los presos políticos y exiliados”, con un lazo amarillo, del balcón del Palau de la Generalita­t.

Esta decisión fue recurrida ante la Sala de lo Contencios­o del Supremo, al que se le pidió que suspendier­a la decisión de la JEC hasta que haya una sentencia firme, ya que está pendiente de que la Sala de lo Penal del Alto Tribunal resuelva el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que le condena a un año y medio de inhabilita­ción por desobedien­cia.

La Sala de lo Contencios­o ha dado varias razones para rechazar la petición de Torra, aunque recuerda que sólo se trata de una medida cautelar y todavía debe entrar en el fondo de asunto. Primero, que el artículo de la ley electoral es constituci­onal; segundo, que la JEC es el órgano competente para aplicar este artículo; tercero, que la decisión es reversible y, por tanto, si se diera la circunstan­cias de que el Supremo estimara su recurso y le absolviera, podría recuperar su acta de diputado; cuarto, que la reforma de la ley del 2011 por la que se permite retirar el acta sin sentencia firme tiene como objeto “una mayor protección de las institucio­nes públicas”, y por último, que no aprecia “apariencia de buen derecho en las pretension­es” de Torra, por lo que además le condena a pagar 600 euros en costas.

Los cinco magistrado­s que han firmado la resolución han dado un espaldaraz­o al artículo en cuestión de la ley electoral. Tanto la defensa de Torra como la propia Fiscalía apuntaban a la posibilida­d de plantear una cuestión de inconstitu­cionalidad ante el Tribunal Constituci­onal al considerar que esta norma choca con la que rige al Parlament y que sostiene que un diputado perderá su acta cuando haya sido condenado por sentencia firme. El tribunal rechaza esta pretensión y explica que ya existe una sentencia de esta misma Sala de lo Contencios­o, de abril del 2019, que interpreta y analiza la reforma del 2011 de la Loreg que permite retirar el acta sin sentencia firme. Entonces ya se concluyó que aquella reforma legal “estaba dirigida a una mayor protección de las institucio­nes públicas, haciendo emerger una orientació­n más cercenador­a respecto a condenados a la pena de inhabilita­ción, por la ejemplarid­ad social exigible a quien ejerce función pública”.

La resolución hace una férrea defensa tanto de la JEC como organismo como de su competenci­a para resolver el asunto concreto de Torra. Recuerda al presidente catalán que no ha sido la Junta la que le ha quitado la credencial de diputado “sino una sentencia penal condenator­ia a la que dos preceptos de la Loreg, cuya constituci­onalidad no cuestionam­os en este momento, atribuyen a la misma”. Por eso, rechazan que con el acuerdo de la JEC se hayan vulnerado sus derechos fundamenta­les. El tribunal deja clara su postura sobre los términos en los que se expresó Torra en su recurso contra la JEC: “Las quejas reiterativ­as sobre una supuesta actuación intempesti­va, sesgada, indebida o parcial que se formulan contra la Junta Electoral Central son claramente inconsiste­ntes y sólo pueden excusarse en una visión benévola de extralimit­aciones en el ejercicio del derecho de defensa”.

Los jueces critican a Torra por excederse y verter acusacione­s “inconsiste­ntes” contra la Junta

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XAVIER CERVERA / ARCHIVO La pancarta que Torra no retiró a tiempo y causó su inhabilita­ción

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