Diálogo social y salario mínimo
Parece un buen augurio que la legislatura haya empezado con un acuerdo en el marco del diálogo social entre Gobierno, patronal y sindicatos. Esta es la línea que debería mantenerse para que los cambios que se han anunciado en el marco legislativo del mercado laboral generen confianza y sean positivos para mejorar la calidad de los contratos sin afectar al ritmo de creación de empleo. Eso es justo lo que se ha buscado al pactar la subida para este año del salario mínimo interprofesional (SMI).
El aumento del 5,5% acordado sitúa el nuevo salario mínimo en 950 euros, con efectos retroactivos al 1 de enero, y permitirá una mejora del poder adquisitivo para los más de dos millones de trabajadores que lo cobran. Este aumento se ha quedado en el punto medio de lo que reivindicaban los sindicatos, que pretendían llegar hasta los 1.000 euros, y lo que proponía la patronal. En cualquier caso, es un aumento significativo si se tiene en cuenta que la inflación prevista es del 0,9% y se produce un año después de haberlo subido un 22,3% y haberlo colocado en los 900 euros, lo que constituyó un avance histórico.
El objetivo del nuevo Gobierno de coalición, según figura en el acuerdo programático entre PSOE y Unidas Podemos, es llegar a situar el salario mínimo en 1.200 euros en el transcurso de los próximos cuatro años. Esta cantidad supone el 60% del salario medio en España, que es la proporción que recomienda la Carta
Social Europea y que los sindicatos Comisiones Obreras y UGT mantienen desde hace años como reivindicación.
La importante subida del salario mínimo, tanto la que se ha registrado como la prevista para los próximos años, se produce en pleno debate sobre sus efectos en la creación de empleo. Las tesis son contrapuestas. La patronal –especialmente la de las pequeñas y medianas empresas–, así como el Banco de España, consideran que perjudica la creación de empleo e incluso lo destruye, sobre todo en el ámbito de los puestos menos cualificados. Desde la vertiente sindical y desde el propio Gobierno, se considera que la subida del salario mínimo no sólo es de justicia social sino que supone un impulso al consumo que, a su vez, contribuye al crecimiento de la economía y por tanto de la creación de empleo. Lo cierto, sin embargo, es que dicho debate se realiza sin estudios en profundidad que permitan sacar conclusiones definitivas. Habría, por tanto, que realizar dichos estudios, desde plataformas independientes, para poder disponer de datos objetivos que faciliten la toma de decisiones acertadas. Lo único claro es que la subida del salario mínimo, que lleva aparejado el aumento de las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social, supone mayores costes para las empresas y no todas podrán soportarlos en el actual marco de creciente competitividad. Por tanto, se impone la prudencia, tal como se ha hecho en la negociación del citado acuerdo entre Gobierno, patronal y sindicatos.
La subida de los sueldos más bajos se produce en pleno debate sobre si perjudica o beneficia al empleo