Una crisis alemana, un problema europeo

Annegret Kramp-karrenbauer no sucederá a Angela Merkel. La presidenta de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y ministra de Defensa, señalada en el 2018 por Merkel como su favorita para relevarla en la cancillería alemana, anunció ayer que no optará a tal cargo. La causa de esta renuncia, que hace saltar por los aires los planes diseñados por Merkel –canciller desde el 2005–, está en la crisis abierta en la CDU la semana pasada como consecuencia de las elecciones en el land de Turingia. En ellas, se eligió presidente al liberal Thomas Kemmerich, que había obtenido sólo el 5% de los votos, gracias a los apoyos simultáneos de la CDU y de los ultraderechistas de la AFD. Esta conexión fue enérgicamente rechazada por Merkel, coherente con su principio de evitar relaciones políticas con la AFD. Luego, las dimisiones se encadenaron. Y ayer Kramp-karrenbauer anunció su adiós a la posibilidad de convertirse en sucesora de Merkel, figura central de la política europea en los últimos dos decenios.

Las consecuencias de esta crisis política se reflejan, primeramente, en Alemania. Pero no sólo es el relevo de Merkel el que se ve afectado. También afloran con más fuerza las diferencias entre la CDU y el SPD, socios en la gran coalición que gobierna el país. Ambos partidos, el conservador y el socialdemócrata, han sido hasta la fecha partidarios de mantener el cordón sanitario que aísla a los ultraderechistas de la AFD. Pero todo indica que la cohesión respecto a este principio en una formación y en otra es de distinta intensidad. En la CDU hay una corriente más conservadora que cuestiona la sistemática negativa de la canciller a coincidir en espacios de poder con la ultraderecha. Esta corriente ha podido jugar sus cartas en Turingia, abonando la convergencia con la AFD, acaso con el propósito último de socavar la relación entre los dos socios de gobierno en Berlín. Los efectos inmediatos de ello son la caída de la sucesora de Merkel, a la que se acusa de no haber mostrado la autoridad necesaria para evitar que se contravinieran las políticas de la ausente canciller, quien considera “imperdonable” la connivencia con la ultraderecha. Otro efecto es un triunfo parcial del ala derechista de la CDU sobre Merkel. La situación no es fácil en este momento para la canciller, que anunció para el 2021 su retirada pero ahora debe empezar a tejer de nuevo la sucesión, y apostar por Armin Laschet –muy próximo a sus políticas integradoras–, el derechista Friedrich Merz, Markus Söder –que combina las sensibilidades conservadora y verde– o el pragmático Jens Spahn.

Dicho lo cual, añadiremos que esta crisis no termina en Alemania. Muy al contrario, se inscribe en un debate europeo sobre la conveniencia de que los partidos democráticos firmen pactos o entren en alianzas, siquiera temporales, con aquellas fuerzas que, de modo más o menos explícito, sienten nostalgia o cierta sintonía con regímenes autoritarios de antaño. Con esos regímenes que, hace menos de un siglo, dominaron Europa y propiciaron guerras fratricidas. Los postulados de tales fuerzas no siempre coinciden exactamente con los del nazismo, el fascismo o el franquismo. Pero comparten con ellos pautas de conducta que no son de recibo para los demócratas. En este marco hay que situar, por ejemplo, las declaraciones de Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, que ayer afirmó que su partido prevé incluir como delito en el Código Penal la apología y la exaltación del franquismo.

La sombra del pasado es alargada. Ante el auge del populismo y el reverdecer de una ultraderecha xenófoba, España y Europa deben establecer unos límites. Uno de ellos es, obviamente, minimizar los contactos con tales formaciones. Otro, y quizás más importante, es desarrollar unas políticas integradoras acertadas, que revelen la inanidad de quienes pretenden excluir a parte de la ciudadanía en razón de sus orígenes.

La renuncia de la sucesora de Merkel ilustra el debate sobre el cordón sanitario

a la extrema derecha