La ley de eutanasia, ahora sí
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, verá hoy cumplido uno de sus máximos empeños personales: la despenalización de la eutanasia en España. No es el fin del camino pero sí un primer paso de retorno difícil –a la vista de los apoyos parlamentarios–. Después de dos intentos frustrados debido a la disolución parlamentaria –en abril y noviembre del año 2019–, el pleno del Congreso admitirá previsiblemente la tramitación de la proposición de ley para despenalizar y regular la eutanasia, a la que se oponen, entre otros, el Partido Popular y la Iglesia católica. De llegar a puerto la iniciativa, España se convertiría en el cuarto miembro de la Unión Europea que la legaliza después de los Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo (el suicidio asistido en el mapa europeo es legal en Alemania y Suiza).
Legalizar la eutanasia es una reforma de gran profundidad. Bienvenido sea el debate e incluso la polémica, síntomas de vitalidad y otra prueba de que España es uno de los estados más avanzados del mundo en cuestiones sociales. El Gobierno de Pedro Sánchez se ha esforzado –así debe ser– en tranquilizar a los ciudadanos que temen que la despenalización abra la puerta a muertes no deseadas. El resquemor es comprensible, pero está injustificado a la vista de las garantías, el protocolo y la finalidad, que no es otra que la de dar a personas en estados terminales la oportunidad y el derecho de morir sin más sufrimientos para ellos y los suyos de los imprescindibles. Los avances médicos y tecnológicos no son ajenos al debate en tanto que tienen capacidad de prolongar la vida más allá de lo razonable. En todo caso, la propuesta legislativa que propicia el debate se ciñe a aquellos casos –algunos ha habido ya mediáticos– en los que el paciente se ve abocado a malvivir en condiciones contradictorias con su dignidad. En resumen, casos muy contados y sujetos a unos requisitos que deben despejar la más mínima duda sobre la voluntad de la persona y hagan imposible una eutanasia condicionada al azar o a un estado de ánimo pasajero. Las encuestas oficiales detectan un apoyo abrumador de la población.
La Iglesia católica, cuya jerarquía vive momentos de cambios y relevos, se opone a esta ley, lo cual es lógico y coherente con el ideario católico, por lo que sería injusto acusarla de reaccionaria. Su visión sobre la vida y la muerte es compartida por muchos ciudadanos, a quienes asiste el derecho a opinar sin que se les falte al respeto. Haría bien la coalición que gobierna España en conducir el debate por el sendero del entendimiento, las garantías de aplicación y la eliminación de la más mínima duda sobre un derecho individual que jamás puede equipararse a una norma colectiva, cosa que tampoco permitirían los profesionales de la sanidad. Se trata de reconocer el derecho individual en casos extremos a una muerte oportuna.
La propuesta del Gobierno se ciñe a los contados casos de personas cuya vida ha dejado de ser digna