¿Unidad o uniformidad?

La tensión entre una autoridad central deseosa de legislar para todo el país y unas autoridades locales empeñadas en mantener sus fueros no es sólo cosa de aquí; se da en las democracias más consolidadas. No siempre es fruto de la sórdida ambición de poder, porque en un país heterogéneo casi nada convendrá por igual a todos sus componentes, de modo que mantener una verdadera unidad exige preservar un equilibrio difícil y cambiante entre autoridad y libertad; algo que sólo algunos pueblos han logrado mantener. La elevación del salario mínimo interprofesional (SMI) a 950 euros mensuales propuesta por el Gobierno es un ejemplo.

Nada que objetar desde el punto de vista de la justicia, porque nuestros salarios fueron la víctima propiciatoria de la crisis del 2008. Nada que objetar por parte de Hacienda, porque los perceptores de 13.300 euros anuales podrán empezar a devolver en impuestos lo que cuestan su educación y sanidad. Tampoco para quien mira al bien común, porque deseamos ser un país de trabajadores bien pagados. Pero la cifra propuesta, que supone un aumento del SMI de casi un 30% en tres años, no tiene precedentes en nuestra historia reciente, sobre todo si tenemos en cuenta que se produce en un entorno sin inflación. Nada que objetar, pues, si no fuera por el temor a que tal aumento del salario redunde en una colosal destrucción de empleo; un temor que ha llevado al presidente de Extremadura a pedir que se le autorice a fijar para esa comunidad un SMI inferior al nacional, lo que ha causado cierta perplejidad en nuestras autoridades económicas.

Que un aumento del SMI haya de resultar en una cierta destrucción de empleo, aunque de magnitud desconocida y sin fecha fija, es de sentido común. Pero si no olvidamos nuestro deseo de converger con los salarios de nuestros socios europeos, admitiremos que el problema es más bien uno de ritmo: la desaparición de empleos malos debe estar acompasada con la creación de empleos buenos. ¿Lo estará? La respuesta no es la misma para toda España, porque hay grandes diferencias de salarios de una comunidad autónoma a otra: datos del 2018 indican que en el conjunto del país el 93% de los ocupados ya percibían salarios superiores a los 900 euros, de modo que sólo el 7% podría verse afectado por la subida; la cifra de afectados potenciales era muy inferior en el País Vasco (un 4,1%) e incluso en Catalunya (un 6,1%). En Extremadura, por el contrario, era el 19,1%, de modo que con un SMI de 900 euros (más aún si fuera de 950) uno de cada cinco ocupados se vería en riesgo de perder su empleo. La perspectiva de un aumento del paro de esa magnitud es política y socialmente insoportable, de modo que la petición del presidente de Extremadura parece muy puesta en razón.

Con eso no queda zanjada la cuestión, ya que, una vez admitido que los salarios son más bajos en Extremadura que en otras comunidades de España, hay que preguntar por qué es así. La respuesta automática es que la productividad extremeña es inferior. Sigamos preguntando: los datos nos dicen que un trabajador extremeño que encuentra trabajo en el País Vasco ganará en promedio un 50% más que en su tierra de origen. ¿Acaso el viaje lo ha convertido en un ser más productivo? Claro que no. Es el entorno, no el trabajador, el que es más productivo: el capital con el que trabaja, el dinamismo de sus empresarios, la posición que sus empresas ocupan en el mercado, las facilidades para hacer negocio, la disposición de las autoridades, una constelación de factores muy diversos determina que el producto medio de cada hora trabajada sea mayor o menor.

Sería falso decir que nada se ha hecho en las regiones menos prósperas de España para reducir las distancias: en 1955, la productividad media de las regiones más industriales (Catalunya, el País Vasco y Madrid) era un 40% superior a la media nacional, mientras que la del sur (Andalucía y Extremadura) era un 40% inferior: ochenta puntos de diferencia. Hoy, esa diferencia se ha reducido a algo más de la mitad, pero el sur sigue estando 30 puntos por debajo de la media. Más aún, la convergencia parece haberse detenido desde hace más de dos décadas. Queda mucho por recorrer.

Crear un entorno más productivo es una responsabilidad compartida: el Estado puede defender los intereses extremeños en el contexto europeo; puede hacerlo frente a la gran distribución, si ese es el problema, y puede, sobre todo, seguir ofreciendo a los extremeños una educación y una sanidad comparables a las de otras comunidades autónomas: es lógico que esa esfera se rija por el criterio de uniformidad. En el resto, que se me antoja lo más importante, son las voces autonómicas y locales las que deben oírse más. Estas tienen la obligación de asignar bien los recursos, y también la de una estricta rendición de cuentas. Sólo de ese modo podemos ir pasando de la uniformidad a la unidad.

En España hay grandes diferencias de salarios de una comunidad autónoma a otra