La escuela concertada recoge 120.000 firmas contra el decreto de admisión
Las asociaciones representantes de la escuela concertada presentaron ayer ante el Departament d’educació un total de 121.604 alegaciones al redactado del decreto de admisión de alumnos que el Govern tiene previsto aprobar en las próximas semanas.
En los escritos se alega que la nueva normativa incumple el pacto contra la segregación, impulsado por el Síndic de Greuges y firmado por toda la comunidad educativa, por cuanto no se contempla ayuda económica a las escuelas que escolaricen alumnado desfavorecido.
“La financiación insuficiente provocará un sobrecoste que deben sufragar los padres, o la asfixia económica de la escuela”, advierten miembros de la Confederación Cristiana de Padres y Madres de alumnos de Catalunya (Ccapac) y la Federación de Asociaciones de Padres
y Madres de Escuelas Libres (Fapel), encargados de presentar las alegaciones en la conselleria, recogidas por todos los colectivos de la concertada.
También aseguran que el decreto “pretende restringir el derecho de los padres y las madres a la elección de escuela, porque se pueden suprimir unidades antes de que los padres hayan podido manifestar sus preferencias”. Hasta el momento, los padres podían solicitar plaza en escuelas concertadas hasta el mes de septiembre y los grupo que no cubrían el mínimo de alumnos por aula perdían el concierto.
Con el nuevo decreto, la conselleria puede programar cierres de grupos en pública y concertada. Otra de las quejas se refiere a las atribuciones de las oficinas municipales de escolarización y de las comisiones de garantías de admisión que se consideran “impropias”.
No obstante, representantes de la escuela pública consideran que el decreto precisamente ordena la programación de la oferta y el proceso de admisión, haciendo corresponsables a todo el sistema educativo de la complejidad social actual. Asimismo, considera que no va en contra de la libertad de elección de centro de los padres –ya limitado por cuestiones geográficas, de oferta y demanda y de coste– sino en contra de que se concentre en un centro un número elevado de alumnos con necesidades especiales en determinados centros. Además, si existe sobreoferta en una zona, ya no se eliminarán sólo plazas públicas, para respetar el contrato de concierto, sino que también podrán cerrarse grupos concertados en función de criterios objetivos. Asociaciones como Escoles contra la Segregació Escolar concluyen que “la presión de determinadas capas de la población no puede pasar por encima de la igualdad de oportunidades y la equidad”.