El Gobierno insta a la gran industria a usar renovables para recibir ayudas
El Ejecutivo ofrece 90 millones adicionales a las empresas electrointensivas
Tras la amenaza de grandes empresas como Alcoa o Arcelor Mittal de abandonar España por los altos costes energéticos, el Gobierno saca hoy a periodo de consulta el primer estatuto del consumidor electrointensivo. Tras año y medio de trabajo codo con codo entre el Ministerio de Industria (Reyes Maroto) y el de Transición Energética (Teresa Ribera), el Ejecutivo ha dispuesto de una nueva partida de 90 millones para compensar a este tipo de empresas los cargos en su factura eléctrica destinados a financiar las renovables, la cogeneración de alta eficiencia y el extracoste de territorios no peninsulares.
Ese importe complementará a los 172 millones que se concedieron este año por las emisiones de CO2, cifra que incluso puede que se modifique al alza a lo largo de este año. Ambos importes está previsto que se financien vía presupuestos generales del Estado del 2020, con lo que no se incrementará la factura para el cliente doméstico.
En concreto, esa nueva compensación para los consumidores electrointensivos será por hasta el 85% del sobrecoste por la retribución a las renovables (primas), que correrá con cargo a los presupuestos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
En España, se podrán beneficiar de estas ayudas un total de 600 empresas, de las que 153 están ubicadas en Catalunya. No obstante, las que realizan mayor consumo eléctrico de este tipo están ubicadas en Galicia (31), Asturias (19) y el País Vasco (44). En Madrid, se beneficiarán 19. Entre los nombres que siempre han planteado este problema al Ejecutivo figuran, además de las dos citadas, otras como Ferroatlántica, Asturiana de Zinc o Celsa.
Para poder beneficiarse de ese tipo de ayudas hay que consumir como mínimo 1GWH al año, contar con una intensidad energética mayor de 1,5kwh/euro, pertenecer a sectores industriales beneficiarios de ayudas en materia de energía y clima y que el 50% del consumo se produzca por la noche, en horas valle.
También se quiere potenciar que estas empresas adquieran a plazo la energía a empresas que la generan a través de electricidad renovable, lo que se conoce como proyectos PPAS. De esta forma, se garantiza que son menos contaminantes. Para ello, se va a crear un fondo –cuya dotación aún no es pública– que cubrirá el riesgo de la operación a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce).
Hasta ahora, este tipo de empresas se beneficiaban de las subastas de interrumpibilidad, pero como Bruselas catalogó ese mecanismo como posible ayuda de Estado, España ha trabajado estas nuevas fórmulas con el amparo de la normativa europea para evitar las posibles multas. Se prevé que la nueva norma esté unas tres semanas de audiencia pública, después vaya al Consejo de Estado y finalmente pase por el Consejo de Ministros. El calendario que se estudia en el sector es que se apruebe hacia mediados de marzo. En principio, no tiene que ir a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), puesto que sus sugerencias ya se han recogido en el actual borrador de la nueva norma.
Se beneficiarán de estas medidas unas 600 empresas, de las que 153 están ubicadas en Catalunya