Foment carga contra el decreto de alquiler por “dañar” el derecho a la propiedad

Foment del Treball alertó ayer que el decreto de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, que el Parlament de Catalunya convalidó la semana pasada, “daña” el derecho a la propiedad privada y supone la “expropiación de rendimientos sin la debida compensación que exige” la Constitución. “Pese a tener unos objetivos loables, no vale cualquier medio para obtenerlos”, añadió la patronal en un comunicado.

El Govern ha impulsado una nueva normativa por la que los grandes tenedores de viviendas, sean bancos, fondos de inversión o de capital riesgo, tendrán que ofrecer un alquiler social a personas o familias que lleven más de seis meses ocupando una vivienda sin contrato y que estén en situación de vulnerabilidad acreditada antes de iniciar una demanda judicial. El decreto incluye entre los grandes tenedores de vivienda a los particulares que tengan más de 15 viviendas en propiedad –estas personas físicas no tendrán que ofrecer alquiler social en el caso de pisos ocupados–.

Ante esto, la organización empresarial señaló que “a través de una ley no se pueden alterar los equilibrios de las partes y los parámetros principales como, por ejemplo, el precio”. “Corresponde a la Administración dar una respuesta social a las circunstancias particulares como la situación de vulnerabilidad” y no “trasladar esta obligación a los operadores privados”, subrayó Foment.