La nueva ley climática blindará las zonas de bajas emisiones
Los ayuntamientos poco preocupados por la contaminación atmosférica no podrán anular o recortar las medidas adoptadas o implantadas para mejorar la calidad del aire como es el caso de las denominadas zonas de bajas emisiones, en las que se prohíbe o limita la circulación de vehículos contaminantes. Así lo establece el anteproyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética, ahora en tramitación parlamentaria.
“Cualquier medida municipal que suponga regresión deberá contar con un informe positivo de administraciones estatales o autonómicas competentes”, indica el nuevo borrador de dicha ley, según informa la agencia
Efe.
Si la ley de cambio climático se aprueba con este redactado impedirá que se repitan decisiones unilaterales de modificación de las normativas de calidad del aire como la ocurrida en los últimos meses en Madrid, cuando el PP modificó Madrid Central.
El proyecto de ley establece que será obligatorio que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares establezcan zonas de bajas emisiones no más tarde del 2023 y amplía las entidades que deben evaluar el riesgo climático al que está sometida su actividad. El texto fue presentado este lunes por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, al Consejo Asesor de Medio Ambiente (CAMA), dentro de los trámites previos a su remisión al Consejo de Ministros antes de iniciar su tramitación parlamentaria.
También fija que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares habrán de impulsar medidas de movilidad eléctrica compartida. Para favorecer la expansión de ese transporte, el Gobierno desarrollará y pondrá a disposición del público una plataforma de información sobre puntos de recarga. El anteproyecto recoge además la obligatoriedad de instalar al menos un punto de recarga rápida de 50 kw en aquellas estaciones de servicio con un volumen de ventas superior a los cinco millones de litros de gasóleo y gasolina. Se trata del 9 por ciento del total de la red de gasolineras.
Otro de los aspectos importantes de la nueva ley establece que no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación y concesiones de explotación de hidrocarburos en toda España una vez que entre en vigor la normativa. Esta disposición afecta también al mar territorial, la zona económica exclusiva y la plataforma continental, y se alinea con las demandas de las organizaciones ecologistas que vienen reclamando la prohibición de sondeos petrolíferos en zonas del país como Canarias y el Mediterráneo.
La norma impedirá decisiones locales unilaterales, como la del PP de rebajar Madrid Central