El fiscal pide cinco años de prisión para Antoni Vives
Se le acusa de amañar un contrato de trabajo en Barcelona Regional
El fiscal pide cinco años de prisión para el ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives por la presunta contratación irregular del alcalde del Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló, Jesús Arévalo, en la entidad Barcelona Regional, que se llevó a cabo mediante la ficción de un puesto laboral que no tenía ninguna función, a pesar de lo cual se pagaron sueldos por valor de 155.000 euros.
El nombre completo de la empresa es Barcelona Regional Agencia Metropolitana de Desarrollo Urbano (BR), es de capital público y su principal accionista es el Ayuntamiento de Barcelona, que tiene el 17,65% de las acciones. También está en ella, por ejemplo, el Àrea Metropolitana de Barcelona, y se trata de una firma de servicios para exportar el modelo urbanístico barcelonés, así como desarrollar proyectos en este sentido.
Vives fue teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona entre el 2011 y el 2015, cuando el alcalde era Xavier Trias. También fue presidente del consejo de administración de BR.
En el escrito de calificación provisional de la Fiscalía, conocido ayer, consta que Jesús Arévalo fue elegido en el 2011 como alcalde de Santa Coloma de Cervelló por CIU, momento en el cual era arquitecto y funcionario de carrera de Sant Feliu del Llobregat. En la alcaldía debía ejercer sus funciones con dedicación exclusiva, por lo cual recibiría 47.275 euros anuales.
Sin embargo, y siempre según la tesis acusatoria, su sueldo como funcionario era superior al de alcalde, por lo cual “solicitó a su partido político que fuera contratado por la Administración –también en manos de la misma agrupación política– para así completar su remuneración anual”.
Vives, también de Convergència Democràtica, conoció esta situación “y optó por contratarlo ficticiamente en la entidad Barcelona Regional”, para lo cual se puso de acuerdo con el director general de BR, que también está acusado en la causa.
De esta modo, se redactó un contrato laboral “con consciente y grosera infracción del deber de actuar conforme al ordenamiento jurídico y con evidente perjuicio económico para los intereses públicos”, con una jornada de 40 horas semanales de lunes a viernes. Así, se simuló un contrato, porque, según el fiscal, Arévalo no participó en el proyecto para el que estaba contratado, que llevaron a cabo otros funcionarios, ni tuvo despacho en BR, ni fue a la sede de la empresa. En total, entre el 2012 y el 2015 se le abonaron sueldos por valor de 155.067 euros.
El ministerio público exige para los tres acusados cinco años de prisión por falsedad en documento público, que lleva aparejada prevaricación y malversación de caudales públicos, así como una multa de 60.000 euros y la obligación de devolver a BR las cantidades abonadas.
La Fiscalía presentó una querella por las presuntas irregularidades en BR en el 2017 y se llevó a cabo una auditoría en la firma que señaló que se malgastaron fondos públicos. También se creó una comisión en el Ayuntamiento que no despejó ninguna duda.
Un alcalde convergente fue contratado para un proyecto que hicieron otros funcionarios