Eduardo Zaplana
Exministro del gobierno de Aznar
Eduardo Zaplana, expresidente valenciano y exministro con Aznar, tejió una red de sociedades para cobrar comisiones y llegar a blanquear hasta 20 millones de euros, de los que se quedó 11,2. En los viajes pagados exigía comer langosta.
El meteórico ascenso de la carrera política de Eduardo Zaplana, desde la alcaldía de Benidorm hasta el Consejo de Ministros como titular de Administraciones Públicas o Trabajo, amén de portavoz del Gobierno de José María Aznar, permitió al que también fue presidente de la Generalitat valenciana tejer una compleja red de sociedades para cobrar mordidas y llegar a mover y blanquear hasta 20 millones de euros, de los que 11,2 millones habrían parado a sus bolsillos.
Esta es la conclusión a la que llega la unidad central operativa de la Guardia Civil (UCO), que ha elaborado un extenso informe que forma parte del sumario, en fase de instrucción, del caso Erial.
En el documento se detalla como durante veinte años Eduardo Zaplana cobró presuntamente comisiones por, entre otras operaciones, la privatización del servicio de inspección técnica de vehículos (ITV) y el permiso para instalar y explotar seis parques eólicos en la Comunidad
Valenciana. El dinero viajó por 23 sociedades y diez países durante dos décadas en una compleja trama societaria en la que desempeñaron un papel determinante el exconseller y ex director general de la Polícia Juan Cotino y sus sobrinos José y Vicente (este autoinculpado en el caso de la financiación ilegal del PP valenciano), varios testaferros, hombres de confianza como el abogado y delator clave en la instrucción, Fernando Belhot, e incluso familiares del expresidente. Todos están acusados por los delitos de prevaricación, malversación, fraude en la contratación, cohecho, delito contra la hacienda pública, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a los funcionarios, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.
Sobre esta estructura societaria, con empresas pantalla en Luxemburgo, Andorra, Panamá, Holanda, Dubái, Uruguay o Hong Kong, entre otros países, la UCO subraya que la investigación sitúa a Zaplana “en un plano de jerarquía superior, tanto en relación con las adjudicaciones cuando ostentaba el cargo de presidente (de la Generalitat), como en relación con la gestión del patrimonio ilícito aparentemente obtenido fruto de las mismas”.
Para clarificar la operativa, la UCO ha elaborado para la juez instructora un detallado esquema de estas sociedades a partir de la firma Imison Internacional. Esta sociedad fue constituida en Luxemburgo y gestionada por Beatriz García Paesa, sobrina del espía Francisco Paesa. Imison, que se constituyó con un capital de 607.000 euros que fue abonado en metálico por parte de Juan Cotino, según Beatriz García Paesa, y se liquidó en el 2011, habría funcionado como sociedad pantalla y también como instrumento para gestionar el pago de comisiones entre el 2005 y el 2009.
Es aquí donde la familia Cotino aparece vinculada. Los titulares de esta sociedad al inicio fueron Asedes Capital, empresa matriz de Sedesa, la firma de los Cotino. Sedesa fue la beneficiaria de las concesiones de las ITV y de los parques eólicos valencianos, lo que les supuso, cuando lo vendieron tiempos después, un pelotazo de más de 80 millones de euros. La UCO sostiene que Sedesa transfirió 6,4 millones de euros en mordidas a Imison, además de unos 2,2 millones de euros a la sociedad luxemburguesa Fenix Investments que presuntamente fueron destinados a Juan Francisco García, que fue jefe de gabinete de
Zaplana. La Guardia Civil razona que determinadas personas “vinculadas al grupo Sedesa, entre ellas Vicente o Juan Cotino, podrían haber hecho una perniciosa administración de las sociedades (...) con el propósito de satisfacer el pago de comisiones”.
En la elaboración del informe ha sido fundamental la aportación del abogado uruguayo Fernando Belhot, quien ha detallado a la UCO cómo asumió el control de la operativa corrupta del expresidente valenciano: “Zaplana me manifiesta que no quería comparecer o aparecer como titular de esos activos financieros y de los inmuebles porque él había sido una persona que había tenido en el paso una actividad pública muy importante como presidente de la comunidad”.
El exministro Zaplana entró en prisión en mayo del 2018 y salió en libertad en febrero del 2019 después de que la juez consiguiera bloquear parte de este dinero en el extranjero.
El exconseller y ex director general de la Policía Juan Cotino desempeñó un papel clave en la trama