Trump afirma que tiene “derecho legal” a intervenir en la justicia
El fiscal general intenta salvar su reputación y pide al presidente que deje de tuitear
El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, se ha sumado al coro de voces que desde todos los puntos del país, incluidos sus propios votantes, reclaman al presidente Donald Trump que deje de tuitear y se dedique a gobernar. Barr ha tenido el mismo éxito –es decir, nulo– que la primera dama Melania y otras personas de confianza que se lo han implorado en el pasado.
Sus tuits “me hacen imposible desempeñar mi trabajo”, dijo Barr el miércoles por la noche en una entrevista con la cadena ABC en lo que pareció más una estrategia de control de daños que una crítica o una amenaza al presidente a la luz de las dudas que existen sobre su independencia después de que el Ministerio de Justicia corrigiera a sus propios fiscales e interviniera para reducir la propuesta de condena para un amigo y exasesor de Trump, el lobista Roger Stone.
La oposición demócrata, que ha quemado sus naves ante la opinión pública con el impeachment, asiste impotente a lo que califica de abuso de poder y crisis del estado de derecho mientras acusa a los republicanos de ser corresponsables de la situación, al haber optado por tolerar todas sus acciones. “Esa es la única lección que ha aprendido el presidente, que no hay nada que no le vayan a perdonar”, afirma el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, que han pedido al presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, que intervenga para recordar a Trump sus obligaciones y defender la independencia judicial.
Incorregible y vindicado después de salir airoso del juicio del impeachment, Trump ignoró la petición de Barr y en su habitual salva de tuits matutinos reclamó ayer su “derecho” a intervenir en la justicia, a pesar de que teóricamente en un país democrático debería ser independiente del ejecutivo. Barr, recordó Trump, dijo en la entrevista que él “nunca” le ha pedido hacer “nada relacionado con un caso penal” pero “eso no significa que no tenga el derecho legal a hacerlo, porque lo tengo, sólo que por ahora he decidido no hacerlo”, aseveró.
Las intervenciones de Trump en el caso Stone –primero para criticar la condena de nueve años propuesta, luego para felicitar a Barr por intervenir para pedir una pena más leve y finalmente para atacar a la jueza al frente del expediente– han abierto una crisis de confianza en el Departamento de Justicia. Los cuatro fiscales que llevaban el caso dimitieron. Trump sostiene que Stone y otros excolaboradores, como Michael Flynn, su primer asesor de Seguridad Nacional, son víctimas de una venganza por parte de “funcionarios corruptos” y está furioso con que el ministerio fiscal no haya propuesto cargos en cambio contra el exdirector del FBI, James Comey, o su ex número dos, Andrew Mccabe, por lo que reivindica su derecho a defenderlos.
“Trump es su propio peor enemigo”, afirma en un duro editorial el diario The Wall Street Journal. “Una y otra vez, su necesidad de dominar el ciclo de noticias, justificar sus propios errores y reaccionar a cada crítica le mete en más problemas” en lugar de disfrutar de cuando las cosas le van bien, critica. Su conducta ayuda a los demócratas en su campaña para recuperar el Senado ya que “millones de votantes se estén preguntando si realmente quieren arriesgarse a darle tanto poder cuatro años más”, avisa el diario, cuya sección de Opinión es afín al presidente. En The Washington Post, el columnista Eugene Robinson recuerda sus tiempos como corresponsal al sur del continente y los problemas para garantizar la independencia de la justicia en esos países para afirmar que “el pasado de Sudamérica se ha convertido en el presente de Estados Unidos”.
Entre tanto, Trump ha seguido tomando represalias contra varios testigos del impeachment. Jessie Liu, una alta funcionaria relacionada con el informe Mueller y el caso Comey, dimitió poco antes de que la Casa Blanca le retirara su aval para ascender a subsecretaria. Con o sin tuits presidenciales, ayer trascendió que Barr, quien comparte la amplia visión de Trump del poder presidencial, ha nombrado un fiscal externo para revisar el caso Flynn, también pendiente de condena.
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