Un juez de Barcelona prohíbe al Ayuntamiento exhibir lazos amarillos
El Consistorio retiró el símbolo de su fachada tras los avisos de la Junta Electoral
Un juez de Barcelona ha prohibido definitivamente al Ayuntamiento exhibir en cualquiera de sus dependencias el lazo amarillo. La alcaldía ya lo retiró del balcón de la plaza Sant Jaume en las elecciones generales, al recibir una petición de la Junta Electoral que entendía que supone una “discriminación” para los ciudadanos que no comparten ese símbolo. La decisión ha causado reacciones en el mundo político, como la de la consellera de Presidència, Meritxell Budó, quien declaró que se intentan silenciar las instituciones.
En una sentencia, el juzgado de lo contencioso número 6 de Barcelona estima parcialmente la demanda presentada por la Asociación Abogados Catalanes por la Constitución y declara que la resolución administrativa que acordó colgar el lazo amarillo vulneró el derecho fundamental a la igualdad.
El Consistorio barcelonés retiró el lazo amarillo de su fachada por orden de la Junta Electoral Central (JEC) ante los últimos del pasado mes de noviembre y no ha vuelto a reponerlo.
La sentencia considera “incuestionable” que el lazo amarillo es un “símbolo partidista”, dado que se utiliza para “recordar a dirigentes políticos y sociales que se encontraban, entonces, en prisión preventiva y ahora ya condenados por graves delitos por el Tribunal Supremo”.
En ese sentido, añade el juez, el lazo amarillo “se alinea con las pretensiones de un grupo de ciudadanos, con inevitable exclusión del resto”, pues se trata de una cuestión en la que “están rotos los consensos sociales”.
Por ese motivo, considera el magistrado que “la ostentación de ese símbolo partidista en los edificios municipales choca frontal y manifiestamente con los principios de neutralidad institucional y objetividad a los que está sometida la administración pública”.
Además, la sentencia recuerda que la Administración “no es un poder soberano, sino una organización subalterna al servicio de la comunidad” y que la función que le atribuye la Constitución es “cumplir con objetividad los intereses generales”. Y sigue: “La identificación del Ayuntamiento con una parte de los ciudadanos, administrados o vecinos del municipio lo que conlleva es una discriminación respecto al resto e introduce una diferencia de trato entre grupos o categorías de personas, por razones ideológicas que no tienen cabida en el artículo 14 de nuestra Constitución”.
En el proceso judicial instado por Abogados Catalanes por la Constitución, la Fiscalía se mostró partidaria de ordenar la retirada de los lazos, al entender que no es “admisible” que desde una administración pública se quiera imponer una “solidaridad ficticia a quien no la siente”. El ministerio público criticó también los intentos de convencer a los ciudadanos de que “una democracia consolidada y garantista como la española es poco menos que un régimen bananero o dictatorial, donde sus jueces y fiscales encarcelan a la gente por sus ideas (...)”.
Un portavoz del Ayuntamiento de Barcelona recordó a Efe que siempre que el Consistorio lució lazos amarillos en la fachada lo hizo fruto de “consensos y respeto a las mayorías”. No obstante, tres distritos los retiraron de sus fachadas a lo largo del día.
Más incisiva fue la consellera de Presidència, Meritxell Budó, quien en la clausura de la asamblea general de la Associació Catalana de Municipis, celebrada en Barcelona, declaró: “Quieren silenciar a las instituciones. Empiezan por prohibir el lazo amarillo pero vete a saber qué acabarán prohibiendo”.
“Es una nueva muestra de regresión de derechos democráticos políticos”, dijo Budó, que añadió que quienes están al frente de las instituciones debe “combatir esta voluntad de silenciarlas”. La consellera argumentó que las instituciones deben poder exhibir mensajes que considera que van “más allá de los partidos”. Entre ellos, citó el propio lazo amarillo, la lucha contra el sida, la defensa de derechos del colectivo LGTBI o la acogida de refugiados.
Tras conocerse la sentencia, el grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona pidió ayer al gobierno municipal que retire los lazos amarillos que están colgados en algunas sedes de distrito para “cumplir con la neutralidad institucional”.
Cabe recordar que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, fue condenado a un año y medio de inhabilitación por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya por no retirtar pancartas a favor de los presos a pesar de las advertencias de la JEC, sentencia que está pendiente de revisión por el Tribunal Supremo.
La consellera Budó critica la sentencia y declara que se pretende “silenciar las instituciones”