Los presos y el diálogo
Los presos del ‘procés’ empiezan a salir de la cárcel algunas horas al día. Los recursos de la Fiscalía demuestran las dificultades del Gobierno para avanzar en el diálogo con el independentismo con un poder judicial escorado a la derecha.
Cuatro meses después de la sentencia del Supremo y transcurridos más de dos años desde el ingreso en prisión de la mayoría de los condenados por el procés, éstos empiezan a salir de la cárcel. De momento, sólo unas horas para ir a trabajar, ejercer de voluntarios o cuidar de familiares. En breve se acogerán los nueve presos al artículo 100.2 del reglamento penitenciario que facilita ese régimen flexible, aunque aún no de semilibertad. Ningún diálogo político puede abrirse camino sin que los condenados atisben cercana su libertad. Y es evidente que esa circunstancia forma parte de las conversaciones entre el PSOE y ERC.
Los presos se están acogiendo a un segundo grado flexible, pensado para la reinserción de los reclusos. Obvio que todos los afectados reúnen las condiciones socio-familiares favorables que se requieren, aunque la Fiscalía ha decidido recurrir esta concesión.
Esa posición evidencia las dificultades para superar los efectos del desbordamiento constitucional de octubre del 2017 y dar paso a una negociación política. En el caso de Jordi Cuixart, la juez de vigilancia penitenciaria rechazó el recurso de la Fiscalía. Y es que pretender que el líder de Òmnium es un delincuente común que debe abjurar del independentismo no tiene sentido. Veremos qué ocurre con los demás.
La Fiscalía apunta estos días contra los magistrados del Supremo, a los que acusa poco menos que de condescendencia con los separatistas al no haber incluido en la sentencia una cláusula que impida a los condenados obtener el tercer grado (sólo irían a la prisión a dormir) antes de haber cumplido la mitad de la condena (las penas impuestas van de 9 a 13 años). Una acusación torticera y falaz teniendo en cuenta que los presos no han obtenido de momento el tercer grado, sino una modalidad del segundo. De hecho, Jxcat ha criticado con vehemencia a ERC –que dirige la Conselleria de Justícia– por no ir más rápido. Los republicanos van con pies de plomo para impedir que un mal paso revierta las mejoras en las condiciones de los presos o que se ponga en cuestión la competencia penitenciaria, algo que habría sido muy probable con un Gobierno de otro color político.
Aun así, el gabinete de Pedro Sánchez no controla todavía la Fiscalía lo suficiente como para evitar los recursos contra esos permisos. La exministra Dolores Delgado está pendiente de tomar posesión como fiscal general del Estado y habrá que ver su influencia en ese estamento. Por su parte, el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, impulsará la revisión del delito de sedición para rebajar las penas que conlleva, si bien es muy posible que se recupere la prisión para castigar los referéndums ilegales. Un delito suprimido del Código Penal por Zapatero y que suponía antes entre tres y cinco años de cárcel y diez de inhabilitación.
Ese vericueto legislativo no esconde que el Gobierno teme sufrir por el flanco de los tribunales, al que el PP recurre con profusión. No es un secreto que el poder judicial está escorado a la derecha. Simplificando, podríamos establecer una gradación, de mayor a menor inclinación hacia posiciones conservadoras dada la composición de los diferentes órganos, de esta forma: Tribunal Supremo, Constitucional, Consejo del Poder Judicial, Junta Electoral Central y Tribunal de Cuentas. Y todos ellos tienen una intervención u otra en el procés. La JEC, por ejemplo, ha inhabilitado al president Quim Torra como diputado. Y el Tribunal de Cuentas reclama sumas millonarias a numerosos políticos. La renovación de algunos de esos órganos es un punto relevante a tratar entre Sánchez y el líder del PP,
Pablo Casado, mañana en la Moncloa. Sin los populares, es imposible.
En paralelo, los gobiernos central y catalán ultiman la puesta en marcha de la mesa de diálogo, cuya primera reunión estará presidida por Sánchez (PSOE) y Torra (Jxcat), y en la que además de
Pablo Iglesias por Unidas Podemos y Pere Aragonès por ERC, también habrá presencia del PSC y de los comunes. Todos los implicados esperan que el propio funcionamiento de la mesa y un paquete de inversiones en Catalunya permitan que los republicanos apoyen los Presupuestos. Pero lo cierto es que la mesa de diálogo no podrá entrar en una fase de negociación hasta pasadas las elecciones catalanas. En definitiva, ese foro y la situación de los presos son condiciones para encauzar el conflicto. No garantizan una solución, pero sin ellas es imposible intentarlo siquiera.