División social en la tierra boliviana de la coca
El campo enfrenta a detractores y seguidores de la política de Evo Morales.
En el centro de almacenamiento de hojas de coca en el municipio de Sacaba, inaugurado hace año y medio por el entonces presidente Evo Morales, los campesinos cocaleros aún no pueden creerse el terremoto político de los últimos cuatro meses en Bolivia.
“¿Cómo es posible?”, insiste Daniel de 30 años, que ayuda a embutir miles de hojas en sacos de 50 libras (unos 22,5 kilos). “Evo Morales construyó escuelas y hospitales; ahora todas las obras están paralizadas”. En un retrato colgado en la pared, Morales, que era el líder del sindicato de cocaleros antes de llegar a la presidencia en el 2006, sujeta una hoja de coca.
Los cocaleros llegan todos los días a Sacaba desde la selva tropical del Chapare, cuatro horas más al sur por carretera, el centro mundial de producción de coca. La coca se destina primero a Santa Cruz y luego al mercado nacional de pijcheo (la costumbre histórica en Bolivia de mascar la hoja para extraer el estimulante), y para algunos usos industriales lícitos. Una parte seguramente se desvía al narcotráfico. Pero, según sostienen los campesinos del Chapare, Morales, al reconocer la coca como un factor de cohesión social y patrimonio cultural, así como bajar la intensidad de la guerra contra la droga, había reducido la producción para el narcotráfico. Ahora, con el Gobierno proestadounidense de Jeanine Áñez, vuelven las viejas ideas. “Con el golpe le están haciendo caso otra vez a la DEA (Drug Enforcement Agency, la odiada agencia antinarcóticos estadounidense que fue expulsada del país por Morales)”, dice Daniel.
Una campesina quechua –de 50 años, falda, sombrero blanco de paja y empaste de oro en los dientes– describe cómo el apoyo de Morales a la producción cocalera había ayudado a los campesinos a vivir sin demasiados apuros. Un saco de 50 libras se vende por 1.500 bolivianos, unos 150 euros. Y la coca se cosecha tres veces al año. La expansión de la enseñanza pública con Morales ha cambiado su vida también. “Mis dos hijas han ido a la universidad, una es ingeniera”. Aquí todos coinciden en que hubo un golpe de Estado en noviembre.
Pero de vuelta a la ciudad de Cochabamba, a 13 kilómetros de Sacaba, la percepción es exactamente la contraria. Aquí los grafitis rezan: “Evo narcodictador”. Las clases medias urbanas se muestran eufóricas por librarse de un presidente autoritario que quiso perpetuarse en el poder. “Evo se consideraba por encima del bien y el mal, fueron los peores años para la libertad de la prensa que yo he conocido”, dice Juan Cristóbal, exdirector del diario de Cochabamba Los Tiempos.
En los distritos de clase media de la ciudad, la estrategia cocalera del gobierno de Morales no merece tantos elogios como en el Chapare. “La ONU no lo reconoce, pero la producción se ha expandido de manera descontrolada para el narcotráfico; si vas al Chapare ahora, vas a ver a venezolanos y a integrantes de las FARC armados”, dice Fernando Salazar, sociólogo de la Universidad de Cochabamba que en el 2006 recibió el encargo del primer gobierno de Morales de elaborar un modelo de industrialización de la coca para medicamentos y alimentos. “Fue una enorme estafa; se vendió la imagen de estar cambiando el modelo, pero el narcotráfico ha crecido”, dice. Cincuenta mil familias en el Chapare, la mayoría migrantes quechua del altiplano, viven de la producción de la coca .
Para Salazar, los sindicatos cocaleros se han convertido en mafias. Cuando los cocaleros llegaron desde el Chapare a Cochabamba en los días de violencia antes y después de la renuncia de Morales, “yo salí con un cuchillo y un palo con la gente de mi barrio, Villa Granado, para defender la democracia”, confiesa.
Que un académico y exasesor del gobierno de Morales salga armado a las calles para enfrentarse a los cocaleros tal vez ilustra el grado de polarización potencialmente violenta que existe en Bolivia a menos de tres meses de las elecciones del 3 de mayo. La división entre un voto popular principalmente rural pro Evo y un voto urbano de clase media anti Evo se repite en todo el país. Pero en Cochabamba, donde Morales tiene su propia parcela de coca, el enfrentamiento es más personal.
Morales encabeza la lista electoral del MAS (Movimiento al Socialismo) en Cochabamba, aunque no se sabe si el tribunal electoral aceptará la candidatura puesto que Morales ya no reside en Bolivia. Paradójicamente, dada la impopularidad de Morales en las clases medias urbanas, “el MAS sacará mejores resultados si el tribunal rechaza su decisión de hacer candidato a Evo”, dice Fernando Mayorga, el analista político de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba.
Cientos de flores colocadas en la acera de la carretera de Sacaba a Cochabamba rinden homenaje a los seis cocaleros muertos en noviembre tras un enfrentamiento con policías y militares. Los campesinos del Chapare coinciden con los forenses y los grupos de derechos humanos en que los responsables fueron las fuerzas de seguridad. Pero las clases medias de Cochabamba prefieren creer al ministro del Interior Arturo Murillo, que anunció tras la masacre que ni la policía ni el ejército había disparado, aunque se aprobó un decreto de exención de delitos penales para militares acusados de disparar por si acaso. El ultraconservador empresario millonario Murillo apenas esconde su deseo de venganza por la acción de un grupo de cocaleros del Chapare que en noviembre prendió fuego a su hotel, el Victoria Resort. Su familia tuvo que esconderse en la selva.
El ciclo de violencia se acercó a una guerra civil en noviembre en Cochabamba. Los grupos anti Morales respondieron a la protesta violenta de los cocaleros quemando su sede tras la renuncia presidencial de Morales, anunciada desde Villa Tunari en el Chapare, a 160 kilómetros de Cochabamba.
El ataque a la sede cocalera se produjo con la complicidad de la policía de Cochabamba, que sería la primera fuerza de seguridad en amotinarse contra el presidente. Como respuesta, los cocaleros destruyeron nueve comisarías de la policía en el Chapare. El Gobierno de Jeanine Añez se vio forzado a retirar a los 180 efectivos policiales en el área cocalera e instalarlos en Cochabamba.
Cuatro meses después, la sede cocalera en Cochambaba está vallada y dentro se ven los escombros calcinados. Mientras, el Chapare sigue sin policía y son las milicias cocaleras armadas las que mantienen la ley y el orden.
UN MODO DE SUBSISTENCIA En el Chapare, 50.000 familias, la mayoría migrantes quechua, viven de la coca
VIOLENCIA EN EL 2019
El ciclo de violencia se acercó a una guerra civil en noviembre en Cochabamba
ATAQUE A SEDE COCALERA
El Gobierno de Jeanine Áñez trasladó 180 policías del área cocalera a Cochabamba
ELECCIONES DEL 3 DE MAYO
Se desconoce si el Tribunal electoral aprobará la candidatura de Morales