La ley contra el fraude se fija en pagos en metálico, morosos y criptomonedas
La normativa de Hacienda está a punto de iniciar su tramitación en el Parlamento
Hacienda se mueve. La complicada negociación de los presupuestos y la necesidad de dar pasos para aumentar los ingresos ha llevado al Gobierno a acelerar no sólo la tramitación parlamentaria de la tasa Google y el impuesto de transacciones financieras, sino también de la nueva ley contra el fraude fiscal. Como explicó el martes pasado la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, el paquete de medidas y la transposición de directivas sobre tributación –que prepararon para las cuentas fallidas del 2019– ha pasado los trámites preceptivos y ya están listos para entrar en el Congreso de los Diputados. Montero ha reiterado que, en los próximos consejos de ministros, darán el pistoletazo de salida, sin esperar al anteproyecto de ley de los presupuestos generales del Estado. La ley de lucha contra el fraude fiscal comporta novedades relacionadas con las criptomonedas, la doble contabilidad en los negocios, la lista de morosos con el fisco, el pago en efectivo...
En su momento, Hacienda estimó que estos cambios normativos iban a suponer ingresos adicionales para las arcas públicas de unos 828 millones de euros. Una cifra que la Autoridad Fiscal rebajó a menos de 350 millones.
A continuación se recogen los principales cambios que plantea la nueva ley que, tal y como confirman fuentes del Ministerio de Hacienda, reproduce los ejes básicos del texto presentado a finales del 2018. La mayoría también figuran en el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.
Monedas virtuales. Con la vista puesta en el refuerzo del control tributario, personas y entidades tendrán la obligación de informar a Hacienda de la posesión y uso de criptomonedas. Se deben comunicar todas las operaciones –adquisición, transmisión, permuta, transferencia, cobros y pagos–, así como los saldos de monedas virtuales. También especifica que las declaraciones informativas de bienes en el extranjero, a través del modelo 720 implantado en el 2012, se extiende también a este nuevo tipo de divisa.
Pagos en metálico. Como resalta Hacienda, ya que “la utilización de medios de pago en efectivo en las operaciones económicas facilita notablemente los comportamientos defraudatorios”, la nueva normativa rebaja de 2.500 a 1.000 euros el límite general de los pagos en efectivo. Sin embargo, se mantiene en 2.500 euros para los pagos realizados por personas que no actúan como empresarios y profesionales.
Programas de doble uso. Quedarán prohibidas la producción y tenencia de software que permita manipular datos contables y gestión empresarial. Las empresas se arriesgan a multas de 150.000 euros. También obligan a que este tipo de programas cumpla con unos estándares de trazabilidad e inviolabilidad. En los últimos años, la Agencia Tributaria ha realizado importantes actuaciones contra la ocultación de ingresos en actividades comerciales como los mercados de abastos, restaurantes, zapaterías, discotecas...
Lista de morosos. Modifican la regulación de la lista de deudores a Hacienda ampliando el número de señalados. Así se harán públicos los nombres de las personas o sociedades, además de las cantidades por abonar de aquellos, que deban a partir de 600.000 euros. Hasta el momento, el listón de deudas está situado en el millón de euros. También aclaran que tendrán en cuenta los incumplimientos de ingreso fuera del plazo voluntario, incluida los aplazamientos. El listado, creado por Cristóbal Montoro, también señalará a los administradores de las empresas que no cumplen con el fisco, retomando la idea del citado ministro del PP. Para fomentar el cobro, el nuevo texto permitirá salir de la lista en cuanto se abone íntegramente las deudas y sanciones contraídas con Hacienda. Hasta ahora, aunque los nombres se publican anualmente en junio, el listado se cierra seis meses antes, cada 31 de diciembre.
No a las amnistías fiscales. El texto veta expresamente “cualquier mecanismo extraordinario de regularización fiscal que implique una disminución de la cuantía tributaria”. Además recuerdan que el Tribunal Constitucional declaró nulo el decreto ley por el que Montoro facilitó un indulto fiscal en el 2012,“alterando sustancialmente el reparto de la carga tributaria ala que deben contribuir la generalidad de los contribuyentes, según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad”.
Más agilidad en el cobro. La ley limita el abuso en la presentación
El aumento de ingresos podría oscilar entre 350 y 828 millones
La ley reproduce los ejes básicos del texto presentado a finales del 2018
reiterada de solicitudes de aplazamiento, fraccionamiento, compensación, suspensión o pago en especie. Así mismo, aplica reducciones de las sanciones para favorecer el pago voluntario y reducir la litigiosidad.
En la tramitación de las Sicav. cuentas del 2018, el Gobierno devolvía a Hacienda el control de estas sociedades de inversión colectiva. El programa de coalición establece también endurecer los requisitos con “un tope de concentración de capital en manos de un mismo inversor”.
La administración Paraísos fiscales. española publicará una lista actualizada con países y territorios de nula o baja tributación, en línea con el enfoque que aplica la Unión Europea.