El juicio contra Volkswagen por el ‘dieselgate’ llega a la justicia española
El juzgado de lo mercantil n.º1 de Madrid acoge este lunes la primera vista oral de macrojuicio entre la Organización de Consumidores y Usuarios(ocu) y el fabricante de coches Volkswagen por el denominado caso del dieselgate. El fabricante alemán se enfrenta a la acusación de haber instalado en sus vehículos un software que alteraba las emisiones de algunos vehículos diésel cuando estaban siendo objeto de pruebas de laboratorio.
Los consumidores españoles reclaman ser compensados como lo fueron los estadounidenses. “Hemos llegado a esta situación, porque aquí Volkswagen se ha negado a alcanzar a un acuerdo de indemnización para los afectados, al que nosotros todavía estamos dispuestos”, asegura Enrique García, portavoz de OCU.
El procedimiento civil que comienza hoy responde a una demanda colectiva presentada por la OCU en el 2017 y que representa los intereses de 7.500 afectados para quienes exige una indemnización de más de 22 millones de euros, 3.000 euros por afectado. Esta primera vista arranca después de que en Alemania, la Federación de Organizaciones de Consumidores Alemanes (VZBV) denunciara el viernes el intento de Volkswagen de romper las negociaciones que allí se están abordando al filtrar su intención de abonar 830 millones (unos 2.000 euros por afectado) para poner fin a la macrodemanda colectiva que, vía penal, se está dirimiendo ante la Corte de Apelación de Brauschweig y en la que están representados 450.000 afectados.
De ellos, 4.000 son españoles, bajo el paraguas de la Agrupación de Afectados de Volkswagen y liderados por el bufete catalán Leysters Abogados. Ellos vieron sus casos trasladados a la corte alemana un vez que el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, consideró que la jurisdicción penal competente para juzgar la demanda agrupada que habían presentado en España era la del lugar donde se habían producido los hechos. “Es una estrategia clara de divide y vencerás. La oferta es personalizada a los clientes y se aparta unilateralmente del proceso de negociación con VZBV”, explica Luis López, letrado de Leyster Abogados portavoz de los afectados españoles en este caso. En su opinión, Volkswagen busca frenar el procedimiento judicial que la declararía culpable y desataría una oleada de demandas. Mientras la cuestión penal alemana se resuelve, que Volkswagen esté dispuesto a negociar económicamente sí gusta en la OCU. “Es lo que queremos. Hemos ido a los juzgados porque con nosotros nunca han querido negociar”, aseguran.