Una reunión estéril en la Moncloa
La reunión mantenida ayer en la Moncloa por el socialista Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y el popular Pablo Casado, líder de la oposición, fue estéril. Cierto es que congregó a dos antagonistas, y eso ya es algo. Pero no alumbró el menor acuerdo entre el Ejecutivo y la oposición, pese a que ese era el fin del encuentro. A su término, el Gobierno emitió un comunicado en el que acusaba al PP de seguir “instalado en la estrategia del bloqueo”. Y Casado vino a decir que el “compromiso por España” que planteó no había sido atendido.
El principal objetivo de Sánchez era ayer obtener el apoyo de Casado para afrontar la ya muy demorada renovación de una serie de instituciones estatales de primer orden. Nos referimos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el consejo de administración de RTVE, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. El mandato de parte de los miembros del CGPJ expiró en diciembre del 2018. Otras instituciones mencionadas están en situación parecida. Y el resto la alcanzarán pronto. Tanto socialistas como conservadores saben que privar al país de unas instituciones plenamente facultadas es un error. Pero el PP no duda en dilatar la preceptiva renovación. Su actitud esconde sin duda razones políticas. Pero en términos de servicio al ciudadano es difícilmente defendible.
Pablo Casado no se negó ayer a satisfacer a Pedro Sánchez. Pero le impuso una serie de condiciones que equivalían a desmantelar su estrategia política, que podrá gustar o no, pero es legítima. El líder del PP pidió al del PSOE que renuncie a la mesa de negociación con la Generalitat, que no revise el Código Penal para modificar la aplicación de los delitos de sedición y que desista en su intención de nombrar fiscal general del Estado a Dolores Delgado, que en la anterior legislatura fue ministra de Justicia. Como apuntábamos, esto supone pedirle al PSOE que dé marcha atrás en sus políticas, que a diferencia de las del PP confían la solución de la crisis catalana al diálogo. Conocido ya el fruto amargo que en este ámbito cosecharon las iniciativas del PP, y esperanzados ante el potencial del diálogo, creemos que la negociación impulsada por el PSOE debe ser mantenida, por más difícil que sea.
El ejercicio de la oposición no está reñido con los ocasionales pactos con el Gobierno. Ni estos deben interpretarse como una rendición con armas y bagajes, sino como una contribución responsable a la gobernabilidad del país. La lista de asuntos que consensuar en el ámbito de la educación, la financiación autonómica o las pensiones, por mencionar tres, es larga. Mantener los organismos mencionados más arriba con algunos de sus principales responsables sin mandato vigente, y por tanto muy debilitados, es rendir un flaco favor al país. En lo tocante a política exterior, los campos en los que hay que construir consensos son también numerosos, desde las relaciones bilaterales con Estados Unidos o Marruecos hasta las estrategias en la escena comunitaria europea, pasando por Gibraltar. Y nada de eso parecía ayer urgente, pese a serlo, a tenor del resultado de la reunión de la Moncloa.
Es verdad que la proximidad de las elecciones autonómicas vascas y gallegas, convocadas para abril, anuncia nuevos rifirrafes y dificulta al PSOE y al PP el aprovechamiento de las oportunidades negociadoras. Se avecinan jornadas de confrontación, y no se quiere aguarlas con amagos de comprensión mutua, o al menos eso parece. Lo cual es –insistimos– un error. Unos y otros debieran darse cuenta ya, de una vez por todas, de que cualquier estrategia partidista que anteponga los intereses propios a los del conjunto del país no es una buena estrategia. No se puede condicionar lo que es una obligación de los principales representantes populares a que uno de ellos renuncie a sus políticas.
Casado condicionó la renovación de los órganos judiciales a que Sánchez renuncie a sus políticas