Transparencia

Los sucesivos casos de corrupción política investigados, la crisis de representatividad diagnosticada tras el 15-M, la conmoción social generada por dos recesiones consecutivas hace ya diez años y la consiguiente volatilidad partidaria dieron lugar a que la vida pública y todos sus actores fuesen emplazados a la regeneración y a la transparencia. La ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno fue aprobada a finales del 2013 con el apoyo de los grupos que en esos momentos estaban al frente de las instituciones, desde el PP hasta los nacionalistas del PNV y CIU, y rechazada por quienes se encontraban en la oposición –PSOE, Izquierda Plural, las formaciones nacionalistas de izquierdas y también UPYD–. Basta repasar su articulado y los debates a que dio lugar para cerciorarse de las nuevas inquietudes y de las profundas discrepancias que afloraron en su tramitación. Luego vendría el silencio, a cuenta de una prolija normativa y la navegación por infinidad de páginas web que harían realidad el principio de la publicidad activa. Como ocurrió con el improvisado lema de Nicolas Sarkozy en el 2008 de “refundar el capitalismo”, la regeneración y la transparencia dejaron de importar, paradójicamente, a medida que la fragmentación sustituía al bipartidismo. El programa de la coalición progresista Psoe-unidas Podemos pasa de puntillas por el tema, sin duda por despreocupación.

Tres crisis actuales atestiguan que el principio de transparencia no está en el núcleo de la toma de decisiones institucionales o partidarias. Ha transcurrido casi un mes desde la interrumpida visita de Delcy Rodríguez a España, sin que el Gobierno haya sido capaz de explicar lo que ocurrió durante su presencia en Barajas. Sencillamente porque a nadie se le ocurrió que aquella supuesta gestión del ministro Ábalos debía someterse a criterios de transparencia. Hoy está previsto que el lehendakari Urkullu comparezca ante la diputación permanente del Parlamento Vasco acompañado de tres de sus consejeros para informar de lo ocurrido en el vertedero de Zaldibar, donde continúan desaparecidos dos trabajadores a causa de un derrumbe acaecido el 6 de febrero. Todo en medio de una caótica e inexplicable gestión por parte del Ejecutivo vasco de coalición PNVPSE. La decisión adoptada por la GSMA de suspender el Mobile de este año se atiene a su carácter privado. Pero la innegable trascendencia pública del acontecimiento, sobre todo cuando su anulación guarda relación con un problema remoto de salud pública, está situando a las administraciones concernidas en un limbo informativo que va del silencio más clamoroso a la denuncia de la tensión comercial Estados Unidos-china como causante último del revés.

La transparencia queda de lado porque la comunicación es entendida no como obligación inexcusable de los gobernantes hacia sus representados, sino como herramienta para mejorar su posición respecto a los gobernados. De ahí que ante esas tres crisis hayan primado los llamamientos de las autoridades concernidas –explícitos en los dos primeros casos e implícitos en el tercero– a no hacer caso al ruido circundante. La falta de transparencia tendría siempre solución. Bastaría con que todo proceso de decisión estuviera presidido por el principio del escrutinio público. El problema es que en demasiadas ocasiones asistimos a un uso deliberado de la opacidad; bien sea para ocultar lo que sabe el gobernante, o para disimular que no sabe nada. Ocurre con la proliferación de comparecencias de prensa sin opción a preguntas y, en general, con la renuencia de las figuras y los organismos públicos a someter sus actos y propósitos a la intermediación periodística. La opacidad gubernamental encuentra además a su mejor cómplice en la oposición partidaria, cuando una posible pregunta crítica es sustituida por un ataque desaforado en una sesión de control parlamentario, por ejemplo. El otro argumento de la opacidad está en las redes, cuando responsables que se pronuncian a base de tuits reprueban a bulto la opinión de quienes les incomodan por esa misma vía.

La acción política está dominada por los resultados inmediatos, aunque sus mensajes parezcan tantas veces mesiánicos. En un momento en el que la información se refiere al entorno de tal o cual deportista para dar cuenta de cualquier nimiedad con balón, todos los poderes –por exiguos y hasta risibles que parezcan– tratan de sublimarse en la opacidad. No hay muestra más elocuente a ese respecto que lo que viene ocurriendo con el archipiélago del independentismo desde que Artur Mas consagró la astucia como principio rector de la opacidad. Desde entonces se han visto islas aparecer y desaparecer, hasta islotes abiertamente clandestinos que ya no se sabe si siguen en alguna parte, conformando un mundo misterioso que palpita por enigmático. Pero ni Stevenson podría impedir que el recurso a la opacidad acabe desnortando a quien la practica, porque llega a ocultarse de sí mismo.

Todo proceso de decisión debería estar presidido por el principio del escrutinio público