Más de 1.300 familias necesitan con urgencia una vivienda en Catalunya
El Síndic constata una situación de emergencia y apela a un “pacto de país”
El Síndic de Greuges denunció ayer el aumento del número de familias en situación de emergencia residencial en Catalunya y pidió “un gran pacto de país” para dar una respuesta efectiva a las más de 1.300 unidades de convivencia que están a la espera de acceder a una vivienda.
Es la principal reivindicación del informe anual correspondiente al 2019 que Rafael Ribó entregó ayer al presidente del Parlament, Roger Torrent. Aunque la institución admite los esfuerzos realizados por la Generalitat y los ayuntamientos en materia de vivienda, alerta que “no son suficientes” para solucionar una problemática que se ha agravado en los últimos años. El documento alerta que durante el último año se detectó un incremento en el tiempo que transcurre entre la valoración favorable de la mesa de emergencia social correspondiente y la asignación efectiva de una vivienda. En algunos casos este periodo supera los dos años de espera y a menudo el realojamiento se lleva a cabo “en establecimientos no adecuados”.
El problema, según Rafael Ribó, es que hay una “carencia absoluta de parque de vivienda destinado a políticas sociales“, por lo que resulta necesario promover políticas de alquiler social. Para ello reclamó “entendimiento” entre las administraciones y el resto de agentes implicados en materia de vivienda.
“La situación no se solucionará sólo con una opción legal”, dijo Ribó, en referencia al decreto ley de medidas urgentes de acceso a la vivienda, que entró en vigor a finales del 2019. El Síndic considera que el decreto puede ser un instrumento útil, pero echa de menos que los gobiernos reclamen “cosas tan sencillas‘’ como que aquellos que obtuvieron a buen precio los activos tóxicos inmobiliarios de los bancos estén obligados a destinar “un mínimo” del 30% de su parque de viviendas a políticas sociales.
La mayor parte de las quejas (32%) dirigidas al Síndic de Greuges en el 2019 tuvieron como objeto la protección de los derechos sociales. Los ámbitos que suscitaron más consultas, al igual que en años anteriores, fueron la educación y la salud. Aumentaron las consultas motivadas por el acceso a los centros educativos y las prescripciones escolares, así como por cuestiones relativas a las listas de espera y otros derechos y deberes de los pacientes de la sanidad pública.
Las políticas territoriales, que incluyen medio ambiente, urbanismo y movilidad, supusieron cerca del 30% de las recibidas. Los derechos de los consumidores representaron alrededor del 10% de las quejas y más del 20% de las consultas recibidas durante este ejercicio. En un año marcado por el contexto político y la sentencia que condenó a penas de prisión a doce líderes políticos y sociales, el Síndic denunció la vulnerabilidad creciente de la ciudadanía, la erosión de los derechos civiles y el cuidado insuficiente que se le presta a la crisis climática.
El informe del Síndic también constata el carácter estructural de la pobreza infantil en Catalunya. Aunque se ha detectado un ligero descenso en relación al 2018, cerca del 25% de los niños catalanes son pobres; un 9% de ellos sufre privación material severa.
La estigmatización de los menores inmigrantes no acompañados
Las listas de espera en la sanidad pública y el acceso a los centros educativos, las quejas más repetidas en el 2019
(menas) también ocupa un lugar destacado en la evaluación anual. El Síndic urge al despliegue y consolidación de una estrategia de integración en Catalunya de estos adolescentes y jóvenes migrantes sin referentes familiares, lo que incluye la apertura de nuevas plazas y centros.