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La dimisión de un asesor por racismo pone en apuros al primer ministro
Aunque Boris Johnson juegue a veces –para su beneficio electoral– el papel de niño grandullón, en realidad es un hombre hecho y derecho, con 55 tacos a sus espaldas, perfectamente consciente de sus actos, y responsable de ellos. Si tuviera cuarenta años menos, sería como para encerrarlo en su habitación, quitarle el móvil y dejarlo dos semanas aislado de las redes sociales. Y decirle aquello de “¿con quién te juntas? ¿qué clase de amigos tienes?”. Pero como acaba de ganar por mayoría absoluta, goza de impunidad.
Si hacemos caso al dicho de dime con quién andas y te diré quién eres, Johnson no sale muy bien parado. Un asesor contratado para aportar ideas nuevas y revolucionarias, Andrew Sabisky, ha tenido que dimitir. En vez de nuevas, las que trajo en su mochila de nerd (pardillo) conservador eran tan viejas como la vida misma, una sarta de conceptos racistas y clasistas, como que los negros tienen un coeficiente intelectual más bajo que los blancos y hay que tratarlos de manera diferente, o que quienes demandan beneficios sociales al Estado son unos inconscientes a quienes se les debería presionar para que tengan menos hijos.
Preguntado treinta veces en una conferencia de prensa si el primer ministro estaba de acuerdo con esas afirmaciones, el portavoz de Downing Street se limitó a decir no comment, y Johnson, confiado en que la tormenta se quedaría en cuatro gotas a pesar de los rayos, truenos y relámpagos, reafirmó su fe en Sabisky como unos de esos “tipos raros” con los que el maquiavélico Dominic Cummings, su Rasputin particular, quiere reemplazar a los funcionarios civiles no alineados a ningún partido que históricamente han sido la savia de la burocracia y el gobierno británicos.
Pero la tormenta descargó, y vaya que descargó, después de que diputados tories preocupados por la acumulación de poder de Cummings (que ha conseguido que Sajid Javid sea reemplazado por el más dócil Rishi Sunak como ministro de Economía) pidieran la cabeza de Sabisky,
y lo mismo hicieran líderes de las comunidades étnicas. Johnson trata a los derechos humanos como un inconveniente en sus planes de amasar un poder absoluto, pero no todo el mundo lo acepta.
No hace falta ser Einstein, ni ninguno de los nerds que Cummings ha traído a Downing Street, para saber que el algoritmo de moda para ganar elecciones es “guerra cultural igual a políticas económicas de gasto público y políticas sociales de extrema derecha”. En un mundo que ha pasado de la globalización a la desglobalización y el proteccionismo, es la fórmula de Trump, de Salvini y del propio Boris Johnson, desesperado por encontrar dinero donde no lo hay para financiar proyectos megalomaníacos como un puente que una Escocia con Irlanda del Norte, y paralelamente destruir la BBC, minar la libertad de expresión, separar a los periodistas amigos de los enemigos como el trigo de la paja, acabar con la independencia judicial y la capacidad de la gente normal de acudir a los tribunales para desafiar al Gobierno, debilitar a la patronal, poner firme al ejército, domar las universidades y el mundo académico para adaptarlos a la nueva cultura política dominante, eliminar al Tesoro como foco alternativo de poder, asegurarse de que los funcionarios que hacen el trabajo oscuro en los ministerios no son neutrales sino fieles a su causa, cerrar el grifo de la inmigración, adoptar una actitud hostil hacia la Unión Europea, eliminar las instituciones que le resultan antipáticas y centralizarlo todo en su persona. Esos son sus objetivos, y el autoritarismo, combinado con un poco de mano rota financiera, es su filosofía.
El impeachment de Trump y el juicio pendiente a Salvini por dificultar el rescate en el mar de inmigrantes muestran los riesgos políticos de desafiar legalmente a los personajes autoritarios que está creando el populismo de derechas, y Johnson quiere aplicar el cuento también al Reino Unido. Su planteamiento es que los tribunales, el Parlamento, la BBC y las instituciones liberales intentaron boicotear la voluntad popular de hacer realidad el Brexit, y deben pagar por ello.
El precio consiste en la concentración del poder en el 10 de Downing Street, en él y en su asesor Cummings, para usarlo a su libre albedrío, como por ejemplo fletando un avión, con un coste de medio millón de euros, para deportar a Jamaica a 37 supuestos delincuentes que se han pasado la vida en este país y tienen aquí sus amigos y sus familias. El premier se puso furioso cuando los tribunales impidieron la subida de veinte de ellos a la nave porque sus derechos habían sido violados. El envío de reos británicos a los penales de Australia acabó en 1868, pero esta es una versión nueva que afecta sobre todo a los negros afrocaribeños. El mismo grupo que, según el dimitido Sabisky, tiene una inteligencia inferior.
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